País. La Fundación Apolo denunció a raíz de una «prórroga excepcional» que, según la presentación, es contraria a la ley. Por su parte, la oposición en Diputados presentó un pedido de informes al respecto al Ejecutivo nacional.
Una ONG denunció penalmente a la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena, por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad” a raíz de una “prórroga excepcional” que estableció apenas asumió el cargo.
La Fundación Apolo, con el patrocinio de los abogados José Magioncalda y Juan Pablo Pane, sostuvo que De Anchorena dictó una resolución “por la cual estableció una prórroga excepcional de los plazos de los procedimientos administrativos en la ley de acceso a la información pública, cuyo vencimiento opere entre el 10 de marzo y el 10 de abril del 2022”.
Los denunciantes cuestionan que De Anchorena “haya suspendido plazos creados por ley, mediante una mera resolución administrativa”, consignó NA.
“No se ve ninguna razonabilidad en que la autoridad encargada del cumplimiento de una ley se considere con facultades para suspender su cumplimiento. Al contrario, se trata de un verdadero disparate”, sostiene la denuncia.
La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal de Sebastián Casanello y quedó registrada con el número 873/2022, advierte que la prórroga podría tornar en ilusorios los derechos que derivan de la aplicación de la norma.
En su reclamo, los denunciantes subrayaron: “¿Qué utilidad tendría la información obtenida luego de una prórroga ilegítima, si se vuelve inútil por desactualizada, la información obtenida por un ciudadano, ya sea para controlar al poder o para tomar decisiones sobre su propia vida?”.
La ley establece que “la información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor”, acentuaron.
Cabe recordar que la Fundación Apolo había cuestionado a De Anchorena en la audiencia pública previa a su designación, al considerar que “carecía de idoneidad profesional y moral” para el cargo.
Según el Gobierno, su postulación contó con 74 adhesiones de organizaciones de la sociedad civil, diputados nacionales, referentes del mundo académico y expertos en acceso a la información pública y protección de datos personales.
Oposición
Por su parte, la diputada Karina Banfi cuestionó la «impericia» de la flamante titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
«El plazo de entrega de la información es central. Siempre debe ser entregada de forma oportuna y no hay excusas administrativas para no cumplirlo. Esta resolución viola la ley«, aseveró la parlamentaria radical.
Ante esta situación, Banfi presentó un pedido de informes al Ejecutivo nacional sobre la polémica resolución dictada por De Anchorena.
Al expresar su apoyo a la iniciativa de su par de bancada, Gabriela Lena sostuvo que «es un hecho gravísimo porque niega el derecho fundamental a la información sobre cuestiones públicas».
Voy a acompañar un pedido de informes de la dip. @KBanfi sobre la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública de postergar los plazos para responder. Es un hecho gravísimo porque niega el derecho fundamental a la información sobre cuestiones públicas. pic.twitter.com/MFKU88RXgn
— Gabriela Lena (@gabrielamlena) March 21, 2022
