País. «La Corte se quiere meter por la ventana en el Consejo de la Magistratura», resaltó el titular de la cartera de Justicia de la Nación en el marco de su defensa al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que hoy empezó a tratar en comisión el Senado.
El ministro de Justicia de la Nación Martín Soria embistió contra el máximo tribunal de Justicia por obligar al Congreso a dictar una nueva ley en un plazo «prácticamente incumplible» y por «amenazar» con restituir la norma derogada hace 16 años, en la que el titular de la Corte Suprema también presidía el Consejo de la Magistratura.
El titular de la cartera de Justicia del Gobierno albertista se pronunció de esta manera en su participación ante el plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por los senadores Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, en donde defendió el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para reformar el Consejo de la Magistratura.
Sin medias titnas, Soria acusó hoy a la Corte Suprema de querer «meterse por la ventana en el Consejo de la Magistratura» luego de que en diciembre pasado declarara la inconstitucionalidad de la ley que rige hace 16 años y obligara al Congreso a sancionar una nueva norma en un plazo muy exiguo, lo cual calificó como «un acto político extorsivo».
“Nos encontramos en una situación de profunda gravedad institucional, en la que el Congreso se ve obligado a legislar bajo una presión. El fallo de la Corte de diciembre se entromete en la facultad de legislar que es propia del Congreso”, resaltó el funcionario nacional.
La sentencia le dio al Congreso un plazo de solo 120 días (de los cuales quedan apenas 25) para sancionar una nueva norma, que reemplace a la vigente, «bajo la cual se designó al 70% de los magistrados actualmente en funciones».
De no cumplir con el plazo perentorio, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando el organismo era presidido por el presidente de la Corte Suprema y contaba con 20 miembros, en lugar de los 13 actuales.
En este plano, el ministro acusó al alto tribunal de querer «meterse por la ventana a presidir el Consejo de la Magistratura». En la vereda contraria, el proyecto presentado por Juntos por el Cambio pretende restaurar la presidencia del Consejo para el titular de la Corte Suprema y también ampliar a 20 los integrantes, misma cantidad que había antes del 2006.
Junto al secretario de Justicia, Juan Martín Mena, Soria reafirmó este martes su defensa de la iniciativa promovida por el Gobierno nacional. Según señaló, “busca mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para darle más dinamismo, que pueda cubrir todas las vacantes a tiempo y que responda a las necesidades de la gente”.
Para el responsable de la cartera de Justicia, el Ejecutivo envió un “proyecto equilibrado, que busca facilitar los consensos parlamentarios y evitar la tragedia institucional que implicaría la parálisis del Consejo”, y detalló los dos aspectos centrales que introduce la propuesta: las modificaciones a la composición del organismo, y la incorporación de la paridad de género en su integración.
Durante el plenario, del que también participó el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, el ministro diferenció el proyecto oficialista del impulsado por la oposición: “Nuestro proyecto no incorpora a ningún representante de la Corte en el Consejo de la Magistratura».
«Receptamos así una postura que hasta ahora fue un consenso consolidado y transversal a todos los sectores políticos”, advirtió y recordó: “El proyecto de Macri y Garavano tampoco incorporaba a la Corte en el Consejo. Llama la atención que ahora hayan cambiado de postura”.
Al respecto, Soría redobló su crítica contra el máximo tribunal: “El verdadero objetivo de la Corte es meterse al Consejo por la ventana. En el fallo de diciembre, resolvieron sobre una cuestión que nadie había objetado en el expediente, que es la de la Presidencia del Consejo».
«La Corte no tenía competencia sobre ese tema, pero, así y todo, se metió y resolvieron que el presidente de la Corte Suprema también tendrá que presidir el Consejo de la Magistratura. Ese es el verdadero eje del debate”, acentuó.
Sobre este punto neurálgico de la discusión, el ministro explicó que poner al Presidente de la Corte al frente del Consejo de la Magistratura es un modelo inconstitucional, ineficiente y anti-democrático.
Sostuvo que “va en contra de uno de los objetivos de nuestra Constitución de 1994, que fue desconcentrar le excesivo poder que tenía la Corte Suprema» y aseveró que “el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial también recomendó en 2020 no incorporar a la Corte en la composición del Consejo”.
Al término de su exposición, Soria explicitó: “Estamos ante dos disyuntivas muy claras: o buscamos una salida equilibrada y responsable o dejamos que la Corte someta a la parálisis al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la administración del poder judicial… responsabilidad o parálisis: esa es la disyuntiva«.
Proyectos en debate
El proyecto del oficialismo apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo de la Magistratura, incorporando dos abogados, un juez y un representantes del ámbito académico y científico.
De prosperar la iniciativa del Poder Ejecutivo el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).
En cumplimiento con un criterio de paridad de género, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
También deberá haber dos mujeres de los cuatro que representan al estamento de abogados, quienes serían elegidos por el voto directo de acuerdo al sistema D´Hondt por los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las Provincias.
Por su parte, Juntos por el Cambio tenía varios proyectos presentados, pero se logró unificar las propuestas y ayer presentó la versión final del contraproyecto, con un pilar fundamental: prevé que la Corte Suprema vuelva a tener un integrante en el Consejo de la Magistratura y que además lo presida (como sucedía antes de 2006), una pretensión que el Frente de Todos rechaza. Allí radicará la clave de las discusiones entre oficialismo y oposición.