Córdoba. Desde la cúpula del Foro de Intendentes Radicales se comprometieron a no impulsar un pedido orgánico ante la Unicameral. Ante esta decisión, la movida queda en manos del peronismo.
El pedido formal ante la Legislatura provincial para que habilite la re reelección de los intendentes y jefes comunales que están impedidos de ir por un tercer mandato consecutivo en 2023 -ante la prohibición que fija la ley vigente10.406- es un tema que sigue formando parte del diálogo interno en los diferentes fuerzas políticas.
En las últimas conversaciones que mantuvieron con las espadas legislativas de la UCR, los representantes del Foro de Intendentes Radicales asumieron el compromiso de no ser ellos quienes impulsen la movida ante la Mesa Provincia-Municipios.
El diálogo entre los parlamentarios radicales y los responsables de gobiernos locales arribó a esta decisión en el marco de la postura mayoritaria de rechazo que hay en la bancada radical de avanzar con la re reelección.
Los radicales son conciente de la disputa interna que se activaría si los intendentes boina blanca promueven de forma orgánica -vía el Foro Radical- esta demanda junto al peronismo que busca «socios» para repartir el costo político de borrar con el codo la razón de ser de la ley 10.406, que fue aprobada el 1 de diciembre de 2016 y oficializada el 5 de enero de 2017 con su publicación en el Boletín Oficial.
Desde la plana mayor del bloque radical en la Legislatura no quieren repetir el duro escenario de interna y desgaste -con fractura expuesta- que se produjo con el tratamiento exprés de la ley de juego online que se aprobó con los votos de cinco legisladores de Juntos por el Cambio (un radical y cuatro macristas) y la mayoría oficialista.
Según las fuentes consultadas por Agenda 4P, los parlamentarios y los jefes territoriales radicales arribaron a este consenso que implica que el Foro de Intendentes Radicales no pedirán de manera orgánica el tratamiento de una suspensión a la norma vigente.
En este escenario podría haber «algún/nos descolgado/s», advierten en la primera minoría de la Unicameral, pero serán posturas individuales a título personal.
En este sentido, otra voces radicales afirman que el «costo político» del pedido ante la Legislatura provincial lo tendrá que pagar el peronismo en el poder, siendo el mayor interesado en avanzar en la re reelección ante la mayoría de intendentes del PJ que están en esta situación.
Hay unos 280 intendentes y jefes comunales que no podrían presentarse para un nuevo mandato en el próximo turno electoral. La mayoría son de signo peronista, aunque hay medio centenar de radicales. En menor proporción tambien alcanza a administradores de gestiones locales de tinte PRO-Vecinalista y kirchenrista.
La norma en cuestión (ley 10.406) rige para todos los municipios que no tienen carta orgánica propia. La reforma de hace cinco años al artículo 39 de la ley 8.102 (Ley Orgánica Municipal) y sus modificatorias establece que «el intendente puede ser reelegido en forma consecutiva sólo por un período. Si ha sido reelecto puede ser nuevamente candidato mediando un intervalo mínimo de un período».
Este es el escollo normativo que pone fin a las aspiraciones de intendentes de distintos signos políticos que pretenden revalidar sus cargos en las urnas en el 2023 con dos mandatos consecutivos bajo el lomo.
El peronismo buscaba que el radicalismo se sumará abiertamente a esta demanda que esperaba materializar durante el primer semestres del año en el seno de la Mesa Provincia-Municipios.
Ante el acuerdo radical, la movida queda en manos del Partido Justicialista que deberá cargar en su hombro el planteo de habilitar la re reelección de los intendentes y jefes comunales que en 2023 cumplen un segundo mandato.
No obstante, el oficialismo podría contar como aliado -en menor proporción, pero que suma a la hora de no votar en soledad en la Unicameral- a parlamentarios cambiemistas ya que los jefes comunales del PRO estarían de acuerdo.
Cabe recordar que el tema fue abordado en el encuentro que mantuvieron a fines de febrero los titulares de gestiones locales de ese espacio político con legisladores del bloque Juntos por el Cambio.
Alternativa
El planteo original implicaba avanzar con una suspensión a la norma vigente con el requisito de un pronunciamiento formal de la Mesa Provincia-Municipios y que la oposición -es decir el radicalismo– tenga señales claras de respaldo. Esto último quedó descartado con el consenso logrado entre legisladores e intendentes boina blanca.
Hay una alternativa que se baraja que podría concentrar mayor apoyo y a su vez aminorar el impacto del alto costo político que se deberá afrontar.
También -en esta línea- se escucharán argumentos en torno a una lluvia de amparos que se presentarían en la Justicia por parte de intendentes y jefes comunales afectados que impulsarían suspender el límite a la reelección.
En este contecto, la modificación pasaría por introducir un cambio al artículo 7 de la ley 10.406 que tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019.
