Córdoba. «No se aguanta más un Poder Judicial que ignora las denuncias de las mujeres y las disidencias en situación de violencia», resaltó la legisladora nacional del Frente de Todos.
La diputada nacional Gabriela Estévez (FdT) fue anfitriona hoy del Foro Participativo de la Provincia de Córdoba para la construcción del Plan Nacional de Acción Contra la Violencia por Motivos de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
“Las mejores políticas públicas, las más efectivas, son las que nacen así, con la participación federal de la ciudadanía. La escucha activa en el territorio es uno de los pilares de cualquier Gobierno popular”, expresó Estévez.
Al hacer foco en su planteo crítico al Poder Judicial de la provincia, la referente camporista afirmó que «en Córdoba nos debemos el debate acerca de la reforma judicial con perspectiva feminista».
«No se aguanta más un Poder Judicial que ignora las denuncias de las mujeres y las disidencias en situación de violencia, o de las mamás protectoras que denuncian las situaciones de abuso sexual infantil”, resaltó.
La parlamentaria kirchnerista inauguró este viernes el Foro Participativo junto a la secretaria de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Josefina Kelly; la subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación, Victoria Tesoreiro; y la coordinadora provincial del programa Acercar Derechos del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Maribel Balancini.
El Foro Participativo se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y contó con la participación de más de 150 activistas y militantes feministas y disidentes de la provincia que se dividieron en 4 comisiones para sistematizar sus aportes al plan nacional.
Los aportes efectuados giraron en torno a la prevención de las violencias por motivos de género; la asistencia integral y fortalecimiento del acceso a la justicia; la protección integral y redes comunitarias de las personas en situación de violencia por orientación sexual, género, identidad y sus expresiones; e interseccionalidades.