País. El parlamentario ultrakirchnerista rechazó que el Congreso deba obedecer al tribunal y sumar dos integrantes al Consejo de la Magistratura, como reclama el interbloque opositor.
En un marcado clima de incertidumbre sobre el futuro del organismo por la resistencia del núcleo duro de la coalición gobernante, el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli salió a atacar a los «medios hegemónicos», a los que acusó de colaborar en la «normalización de un golpe institucional» acometido por la Corte Suprema, en diciembre pasado, al declarar inconstitucional la ley que rigió durante 16 años, que fue impulsada por Cristina Kirchner.
El kirchnerismo rechazó la demanda del interbloque opositor de sumar dos integrantes al Consejo de la Magistratura y aseguró que el organismo recién podrá funcionar una vez que el Congreso de la Nación sancione una nueva ley que reemplace a la que el máximo tribunal declaró inconstitucional con su fallo de diciembre del año pasado.
El senador por Neuquén afirmó a La Nación que «es una locura total volver a la integración de 1997» y aseguró que «hay que esperar a que se sancione la ley».
En este plano, Parrilli calificó como “una aberración jurídica” la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre impuso un plazo de 120 días para que el Congreso dicte una nueva norma o, de no hacerlo, el Consejo vuelva a la ley de 1997.
En su dura advertencia al máximo tribunal de Justicia, el dirigente de extrema confianza de Cristina Kirchner aseveró: “Espero que no hagan como Rambo y el presidente de la Corte ocupe la presidencia del Consejo como si fuera un golpe de Estado, un golpe institucional”.
Contragolpe
Quien salió al cruce de los dichos del ultrakirchnerista fue el jefe de la bancada de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri. La espada legislativa opositora advirtió que «los dichos de Parrilli ponen a la Argentina a las puertas de un gravísimo conflicto de poderes. Los fallos de la Corte no son de cumplimiento opcional. Son obligatorios».
«Parecería que el kirchnerismo quiere reeditar lo que hizo cuando desplazó al Procurador General de Santa Cruz, Eduardo Sosa. La Corte declaró ilegal lo actuado y ordenó reponer al Procurador en su cargo, pero sistemáticamente se incumplió con ese mandato», recordó el radical.
En rechazo a las expresiones del senador del Frente de Todos, el diputado cordobés destacó: «Ahora quieren ir por ese camino y para eso cuestionan algo que jamás estuvo en discusión en la Argentina, que es el sistema de control de constitucionalidad por el cual desde que se constituyó la Corte Suprema en 1862 es el tribunal que tiene la última palabra cuando se cuestiona la validez de una norma».
«El kirchnerismo desprecia la independencia del Poder Judicial, y por eso vive impulsando normas contrarias a esa garantía como lo fueron las reformas judicial y del Ministerio Público, como en su momento pretendió serlo la mal llamada ‘democratización de la Justicia’ y la ruptura del equilibrio de representación entre estamentos en el Consejo de la Magistratura que significó la ley de 2006, que el fallo dictado en diciembre del año pasado invalidó por inconstitucional», sentenció.
Al fijar posición, Negri enfatizó: «No vamos a permitir que los presidentes de las Cámaras del Congreso repitan lo que hizo Néstor Kirchner en Santa Cruz cuando incumplió el fallo de la Corte por el caso del Procurador Sosa».
«Argentina terminaría de sepultar lo poco que queda de confianza en la seguridad jurídica si el mensaje es que los poderes políticos pueden elegir entre cumplir o no cumplir una sentencia del máximo tribunal de la República. Vamos a activar todos los mecanismos legales disponibles para que se ejecute la sentencia y también los mecanismos constitucionales para quien incumpla esa orden, porque claramente sería constitutivo de mal desempeño», completó el jefe de la bancada radical.
La Corte Suprema fijó un plazo de 120 días -vence el 15 de abril- para que el Congreso dicte una nueva norma o, de no hacerlo, el Consejo vuelva a la ley de 1997.
Desde el radicalismo sostienen que el 15 de abril se va a construir el nuevo Consejo con 20 miembros, como establecía la ley original.
En este caso, los dos legisladores que deben designarse para adecuarse a la ley de 1997, que estableció la integración del Consejo de la Magistratura por 4 senadores (hoy hay 3) y 4 diputados (hoy hay 3), corresponden a Juntos por el Cambio.
En este contexto, Negri señaló la semana pasada que la ley de 1997 es clara y plantea cuatro consejeros por cada una de las Cámaras legislativas. La norma dice textualmente: «correspondiendo dos al bloque con la mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría».
