País. Los inquilinos se quejan de que los contratos que se están firmando son con aumentos semestrales, entre otros incumplimientos a la norma actual que está en el foco de análisis en Diputados para ser modificada.
Más de 40 expositores de asociaciones de martilleros y de cámaras inmobiliarias del interior del país, sumado a representantes de los inquilinos, dieron sus puntos de vista ayer ante los miembros de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.
Con el objetivo de tratar una nueva Ley de Alquileres a principios de mayo, la Cámara Baja del Congreso inició este martes el debate en comisión de los proyectos presentados, con la exposición de representantes de los sectores inmobiliario e inquilinos, que dieron sus visiones sobre cómo debería ser la próxima normativa.
Los legisladores comenzaron el análisis de las iniciativas en el marco de la comisión de Legislación General, que estuvo conducida por su presidenta, Cecilia Moreau, y por la vicepresidenta de la comisión, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, y la legisladora de la UCR, Karina Banfi.
El encuentro se desarrolló de forma semipresencial, con más de 40 invitados para exponer, y luego pasó a cuarto intermedio hasta la semana próxima. Seguirá con reuniones informativas los martes 19 y miércoles 20.
En la primera reunión informativa celebrada este martes, la mayoría de los 42 expositores correspondieron al Colegio de Martilleros y a las cámaras inmobiliarias que representan a los propietarios, quienes plantearon la necesidad de modificar el plazo de los contratos para que se reduzcan de tres a dos años, y que la actualización de los alquileres se realice cada seis meses, en el marco de una reforma de la ley vigente en la actualidad.
Si bien en esta oportunidad solo expusieron nueve asociaciones de inquilinos, los representantes de éstas entidades plantearon que no se debe acelerar la reforma de la ley. También propusieron analizar «en detalle» la iniciativa para poder proteger a las familias que deben alquilar una propiedad.
El primer expositor fue Giovanni Tessaro de la Dirección de Defensa del Consumidor de Chaco, quien manifestó que “es fundamental regular los precios de los alquileres”, al considerar que “son muy onerosos”.
Posteriormente, Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, consideró que “la norma actual no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso”. Por el contrario, aseveró, “profundizó la escasez de oferta, disparó los valores y tornó menos previsibles las condiciones contractuales”.
Desde la Unión de inquilinos de Rio Negro, Roberto Díaz, manifestó que “las quejas de los inquilinos tienen mucho que ver con los aumentos semestrales de los contratos”. “No creo en la libertad de las partes porque termina ocurriendo que el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley y sin respaldo del Estado para brindar un lugar a donde denunciar estas irregularidades”, aseveró.
Por su parte, Fernando Olcese, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de San Luis, pidió volver “al periodo contractual mínimo de dos años”. “Lamentablemente no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no las hay, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina”, admitió.
Antonio Salinas, Jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, advirtió que “en lo que va de 2022, hemos recibido 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas”. Los principales incumplimientos están relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.
Entre otros oradores, en representación de Inquilinos Entre Ríos, Jonathan Villanueva, consideró que “el mercado es voraz y va en desmedro nuestro”. “Los tres años –de contrato de la ley actual- sí nos dan previsibilidad pero también es importante generar políticas para que el acceso a la vivienda de alquiler sea más fácil”, aseveró.
Gabriela Ortiz de Urbina, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, sostuvo que la norma «afectó principalmente por el tema del plazo y el incremento».
«Los 36 meses en nuestra economía, en la economía argentina, es demasiado tiempo», argumentó sobre el plazo de los contratos, mientras que remarcó que «no existe ningún otro producto o servicio que se ajuste una sola vez al año» con la inflación que hay en el país.
A su turno, el vicepresidente del Colegio de Corredores inmobiliarios de Santa Fe, Flavio Tomatis, planteó: «Consideramos que la legislación debería sufrir al menos dos modificaciones. El plazo y el acuerdo entre las partes de poder reajustar semestralmente».
Cesar Lera, presidente de la Asociación de Inquilinos de Jujuy, recordó que «el inquilino es la parte débil del contrato» y señaló que en esa provincia «un alquiler arranca en 20 mil pesos -un ambiente dependiendo la zona, sin contar gastos de expensas-, mientras que el salario inicial de un docente es de 49 mil pesos».
«Para vivir en esa propiedad necesita 20 mil pesos de alquiler, 6 mil de expensas, sellado, mes de depósito de 20 mil y honorarios del escribano. Es decir, 79 mil pesos para ingresar cuando gana 49 mil», redondeó.
La Comisión de Legislación General continuará con las rondas informativas con los sectores involucrados el martes 19 y miércoles 20 de abril, en la que podría estar presente el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.
En tanto, el debate de los diputados para consensuar un dictamen entre el oficialismo y la oposición se hará el 25 y 26 de abril, con el objetivo de que la reforma sea sancionada en el recinto en la primera quincena de mayo, en base al cronograma acordado.