
Córdoba. Representantes de distintas organizaciones jurídicas se refirieron al pliego que designa a Croppi para ocupar dicho cargo en el nivel de conducción del Ministerio Público Fiscal.
Este jueves, la Unicameral realizó la Audiencia Pública Legislativa por el pliego 34774/P/22, para designar a la abogada Bettina Graciela Croppi como Fiscal Adjunta de la Fiscalía General de la provincia de Córdoba.
La audiencia de rigor fue encabezada por Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura, y estuvo acompañado por Francisco Fortuna, titular del bloque Hacemos por Córdoba, y por Juan Manuel Cid, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos. También participaron legisladores de la oposición.
De la convocatoria participaron siete oradores, los cuales dispusieron de hasta 10 minutos para exponer sus consideraciones sobre esta designación efectuada por el Ejecutivo provincial y que necesita del acuerdo del cuerpo legislativo.
De la audiencia formaron parte Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; Miriam Londero, presidenta de la Comisión de Genero del Colegio de Abogados; Mabel Solano, secretaria de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba (FECACOR); Silvia Chiapero, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba; Alejandro Moyano, exfiscal General de la provincia; César Orgaz, apoderado de Encuentro Vecinal Córdoba; y Darío Vezzaro, exfiscal General de la provincia.
«Durante las alocuciones, hubo unanimidad en el visto bueno que los diferentes representantes le dieron a la designación de la Bettina Croppi: destacaron su vasta trayectoria profesional, su acabada formación académica y su calidad humana», se señaló desde la Unicameral en un comunicado.
Actualmente, Croppi se desempeña como Fiscal de Instrucción de Violencia Familiar y Género de 2do turno. Con anterioridad, ejerció como Fiscal de Competencia Múltiple de la Quinta Circunscripción General, Sede Morteros.
En la oprtunidad de remitir su pliego a la Legislatura, desde la administración provincial se indicó además que la abogada «acredita una destacada trayectoria en el ejercicio profesional y en la actividad académica; posee una amplia formación en materia de violencia familiar y de género».
Asimismo, forma parte de distintas asociaciones profesionales, entre las que se destaca su participación como miembro de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA).