Córdoba. El impulso a esta demanda vendrá por el lado del Mucora, el núcleo de intendentes radicales que encabeza Daniel Salibi. La nota formal con este pedido a los legisladores -ya no a la Mesa Provincia-Municipios- se encuentra en circulación para ser rubricada por los jefes comunales interesados. También lo harán los de extracción vecinalista. El peronismo espera estas notas de apoyo.
Entre los impulsores de la iniciativa que se hará efectiva en los próximos días ante la Unicameral, a través del ingreso de una nota formal dirigida a las distintas bancadas legislativas, se encuentra el intendente radical de Mendiolaza.
Salibi preside el Mucora, el núcleo de jefes comunales radicales con representación ante la Mesa Provincia-Municipios, que en un principio iba a ser el ámbito para dar impulso institucional a esta demanda de los jefes territoriales a cargos de municipios y comunas que se rigen por la ley 8.102 (Ley Orgánica Municipal), pero la pelota pasó a la Unicameral.
Como lo adelantó Agenda 4P en una nota publicada el 25 de abril, el Poder Ejecutivo no pondrá «las manos en el fuego» y deberán asumir todo el protagonismo los intendentes y los legisladores oficialistas. Tampoco habrá un planteo orgánico del Foro de Intendentes Radicales en ese sentido. El ente radical así se comprometió ante los parlamentarios de Juntos UCR.
En este marco, Hacemos por Córdoba deberá cargarse sobre sus hombros la demanda de jefes territoriales de distinto color político. Es que en la oposición, los nueve radicales de Juntos UCR ya adelantaron a este medio digital que rechazarán el planteo re reeleccionista. Esta postura es compartida por el vecinalismo, el carrioismo y las bancadas de izquierda.
En esta línea se inscribe también la negativa de una de las espadas legislativas de Juntos por el Cambio, quien confió a Agenda 4P que desde su espacio no se sumarán al impulso de la iniciativa que pregonan los intendentes interesados en ir por un tercer mandato en los comicios de 2023.
De seguir vigente la norma 10.406 tal cual se aprobó en 2016, unos 289 intendentes y jefes comunales (con dos períodos consecutivos de gestión bajo el lomo) no podrían presentarse para un nuevo mandato en el próximo turno electoral.
La mayoría son de signo peronista (141), aunque hay más de medio centenar de radicales (superan los 70). En menor proporción tambien alcanza a administradores de gestiones locales del Frente de Todos (más de 40), del PRO (casi 20) y más de 10 del vecinalismo.
El reclamo que viene con fuertes vientos desde del interior provincial apunta a que se habilite la re-reelección de los intendentes y jefes comunales que en 2023 cumplen un segundo mandato y, de no modificarse la ley 10.406, se verán imposibilitados de competir en las urnas en el próximo turno electoral.
En este contexto, se activó la demanda de los responsables de gestiones locales -en el caso del Mucora- que en los próximos días formalizarán la presentación ante el cuerpo legislativo que apunta a revisar la retroactividad, es decir la imposibilidad de legislar hacia atrás.
Desde el vamos, la derogación de la ley en cuestión quedó descartada por el alto costo político que debería afrontar oficialistas y opositores. El cambio a la norma vigente, que concentra mayor consenso y reduce el impacto político, pasa por modificar el artículo 7 de la ley 10.406 que tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019.
Esto habilitaría a los jefes comunales con dos mandatos consecutivos a poder presentarse en los comicios del año próximo para ser electos por un período más en municipios y comunas que no tienen carta orgánica propia y que se rigen por la ley 8.102 (Ley Orgánica Municipal). A su vez, abarcaría a concejales, tribunos de cuenta y miembros del gobierno de comisión. La modificación también favorecería a los parlamentarios.
Pedido formal
Agenda 4P accedió a la nota que está siendo firmada por los intendentes del Mucora. En su encabezado sostienen que apoyan y comparten lo dispuesto por la norma en cuanto a la prohibición de la reelección indefinida para evitar «la perpetuación en el poder» y así permitir la «alternancia».
No obstante, el argumento central de su demanda es que «no pueden aplicarse sus efectos (en alusión a la ley 10.406) en forma retroactiva, incluyendo periodos de gobierno o mandatos en curso al momento de su sanción».
«Sin perjuicio de ello, y de los argumentos legales que estimamos nos asisten, creemos que su aplicación y vigencia atravesó un período de naturaleza extraordinaria (la pandemia), impidiendo a los representantes elegidos por sus comunidades desarrollar en forma plena sus propuestas de Gobierno para lo cual fueron elegidos, y a los ciudadanos con legítimas aspiraciones de participar en la dinámica política, a expresarse libremente en un marco de restricción general de las libertades individuales», señala el texto.
En su demanda, los intendentes solicitan «sean modificados los términos del artículo 7º de la Ley 10.406, considerando como primer mandato de gobierno aquel que ha tenido inicio con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley».
Las espadas de la mayoría oficialista deberá recoger el guante y asumir el protagonismo -ya que el reclamo también viene por el lado de los intendentes peronistas- en la confección del proyecto de ley de reforma a la normativa en cuestión.
