País. La iniciativa kirchnerista, que cuenta con media sanción del Senado, crea un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero evadido al exterior.
Con la presencia de invitados especialistas, la comisión de Legislación General de la Cámara Baja inició hoy el tratamiento del proyecto de ley con media sanción del Senado para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea cancelada en base a la repatriación de «dólares fugados» de evasores que tienen bienes en el exterior no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La iniciativa del senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, que el pasado 12 de mayo consiguió en la Cámara Alta los votos justos para la aprobación (37 afirmativas y 31 negativos), fue debatida en la comisión que preside la diputada oficialista Cecilia Moreau.
En primer lugar, el constitucionalista Eduardo Barcesat aseguró que “todo tributo, gravamen o recupero tiene sustento en el pronunciamiento del órgano de protocolo de la Convención americana de Derechos Humanos”.
En ese sentido, señaló la necesidad de “impulsar una convención regional para prevenir esta sangría de la riqueza argentina y de los pueblos del continente americano en beneficio de ese capitalismo financiero internacional”.
Andrés Edelstein, economista y contador público, consideró que el proyecto “no es más que un régimen de exteriorización o normalización similar a un blanqueo, más allá de que el término no suene bien o tenga connotación negativa”.
“Un régimen de estas características, con un colaborador que recibe recompensas, necesita un marco institucional adecuado y un funcionamiento de la justicia impecable, no creo que estemos en presencia de esas condiciones, por ende, los efectos de una figura de este tipo pueden ser bastante preocupantes, da pie a que la litigiosidad se incremente, a que los procesos se dilaten, con lo cual no tendría consecuencias positivas”, consideró Edelstein.
Horacio Rovelli, licenciado en Economía, apoyó el proyecto de ley y dijo que “es imprescindible que se haga ley esta sanción del Senado, es imprescindible que funcione la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los contratos y pagos de la deuda”.
Por su parte, la economista Noemi Brenta calificó como “importantísimo” que esta ley sea aprobada “para que, de una vez, la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella y además aprovecharon y se comportaron de una manera ilícita”.
Guido Lorenzo, también economista, criticó “la inequidad que presenta el proyecto”. “Hay un montón de contribuyentes que están en regla y este proyecto propone una alícuota diferencial muy baja que haría una amnistía fiscal”, aseveró.
“Existe un intercambio de información con otros países, con lo cual no veo más allá que la generosidad del blanqueo que se está proponiendo”, consideró Lorenzo.
Pablo Manzanelli, investigador de Conicet, criticó con datos estadísticos la toma de deuda de la gestión 2015-2019 y consideró que es un “acierto conectar la deuda con la fuga”. “Hay que dotar a los organismos competentes de herramientas como las que prevé este proyecto. También me parece importante insistir en el levantamiento fiscal y bancario”, consideró.
En tono crítico, Cesar Letvin, profesor de la UBA, consideró que la media sanción “está violando la ley de coparticipación federal porque se están condonando impuestos que son nacionales y que se coparticipan, con lo cual las provincias se quedan sin esa recaudación”. “Este privilegio rompe la garantía de la igualdad ante la ley”, advirtió.
Por último, expuso Mercedes D´alessandro, ex directora nacional de Economía, igualdad y género en el Ministerio de Economía, quien sumó su apoyo al proyecto. “Queremos seguir sumando a la agenda, demos los pasos necesarios para que paguen los que la fugaron”, dijo la economista.