Córdoba. Desde la bancada de izquierda reafirmaron su denuncia contra el Gobierno por la mala calidad del agua. Por su parte, el oficialismo rechazó el planteo opositor al calificarlo de «irresponsable» y «oportunista».
La calidad del agua en el dique San Roque recalentó el debate en la sesión de este miércoles de la Unicameral.
La discusión fue impulsada por la oposición al llevar al recinto el tratamiento en conjunto de dos pedidos de informes iniciados por las legisladoras Cecilia Irazuzta (Coalición Cívica) y Luciana Echavarría (MST en el FIT-Unidad).
A través de estos dos proyectos de resolución, la oposición solicitó al Ejecutivo informes sobre la «eutrofización» del lago. La iniciativa de Echevarría va más allá al demandar información respecto de la calidad del agua para consumo humano potabilizada por la empresa concesionaria.
La representante del MST insistió con el planteo que hiciera en su denuncia penal presentada en la Justicia de que una gran porción de los cordobeses esten consumiendo «agua contaminada».
Para Echevarría, el agua de la canilla que provee la empresa concesionaria del servicio público presenta «casi el doble de microcistinas que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud».
Según la opositora, las microcistinas son toxinas peligrosas para la salud humana y son emanadas por las cianobacterias que proliferan en el lago San Roque por el exceso de materia orgánica.
Desde la bancada de Hacemos por Córdoba, la legisladora Nadia Fernández salió al cruce de las expresiones opositoras respecto a la calidad del agua que beben los cordobeses.
Ante la consulta de Agenda 4P acerca de si los cordobeses están consumiendo agua contaminada, la parlamentaria oficialista resaltó que «no, bajo ningún punto de vista».
La titular de la comisión de Ambiente de la Unicameral apuntó duro contra los dichos de la legisladora de izquierda. «Me parece de una altísima irresponsabilidad y oportunismo» en plantear «semejante alarma» ante la población.
Tras los argumentos aportados por Fernández en respuesta a las expresiones de parlamantarias de la oposición, la bancada oficialista pidió el archivo de los dos pedidos de informes de autoría de Irazuzta y Echevarría.
Otros proyectos
Por otro lado, el pleno legislativo aprobó la denominación de “Intendente Miguel Ángel Abella” al puente Alberdi de Río Cuarto, en homenaje al primer intendente de la Capital Alterna de Córdoba tras la vuelta de la democracia.
A su vez, la Unicameral modificó el articulado de la Ley 7.674 sobre el Colegio de Ingenieros Civiles. La legisladora Julieta Rinaldi argumentó que el proyecto, de autoría del legislador Oscar González, modifica 25 artículos de la norma en vigencia, persiguiendo “la actualización de la ley para responder a los requerimientos que hoy en día exige el desempeño de este sector profesional”.
Explicó además que la iniciativa tuvo su origen en la propia entidad que nuclea a estos profesionales, “que desde hace años viene trabajando prolijamente en la redacción de los posibles cambios normativos”.
Los cambios aprobados procuran modernizar el texto legal de acuerdo al funcionamiento y a las necesidades actuales, sobre la base de la experiencia profesional que este colegio ha desarrollado en más de tres décadas de existencia tras su creación en 1988.
También se tomó juramento a la legisladora Daniela Gudiño (Juntos UCR) como miembro titular del jury por la primera minoría, en reemplazo de la legisladora Verónica Garade Panetta.
Además, se aprobó por mayoría la inclusión de la abogada María Celeste Orta Córdoba al Padrón de Magistrados y Funcionarios reemplazantes.