En medio de la «grieta» por la reforma a la Ley de Alquileres, Gioja le cantó la justa a la oposición: “Juguemos para la gente»

País. En la Cámara Baja, el oficialismo logró con una mínima diferencia (40 voluntades) emitir despacho de mayoría, mientras que la oposición avanzó con un dictamen unificado y se prepara dar darle otro golpe al Frente de Todos, como en el caso de la Boleta Única de Papel (BUP).

La oposición logró este miércoles su primer objetivo al conseguir la unificación de los proyectos de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal sobre la reforma de la Ley de Alquileres, y si sostiene la unidad en el recinto -como en el caso de la BUP- podría obtener la media sanción en las próximas semanas. Aunque en el Senado es otra la historia ante la mayoría oficialista y sus aliados.

Con respecto al proyecto de las modificaciones a la Ley 27.551 sobre Alquileres, la titular de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, anunció que quedó establecido como dictamen de mayoría el proyecto del Frente de Todos (FdT), que obtuvo 40 firmas, mientras que el de minoría, que unificó el de Juntos por el Cambio (JxC) y de Identidad Bonaerense, alcanzó 37 rúbricas.   

Sin embargo, la ecuación podría darse vuelta en el recinto. Una vez que sea rechazado el dictamen de mayoría, se pasaría a tratar el de minoría opositora. Si a los votos de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Provincias Unidas se suman los cuatro votos liberales, superarían ajustadamente los 129 votos necesarios para la aprobación.

En el Senado, en cambio, podría configurarse una historia diferente, ya que en los papeles el Frente de Todos y sus aliados podría cosechar los votos para conseguir una ajustada mayoría.

El dictamen de mayoría (Frente de Todos) revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC).

También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación.

A su vez, incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”.

También exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Despacho de minoría

El dictamen de minoría retoma los dos años de duración legal de los contratos, y dota mayor flexibilidad y libertad para que las partes puedan pactar el precio del alquiler sin tener que atarse a una periodicidad y un índice determinado por el Estado.

Concretamente, sobre el precio del alquiler estipula que debe «fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses».

A su vez, se añade que, para los ajustes del precio las partes, «deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, «o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden».

En defensa del dictamen de minoría unificado sobre alquileres, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) explicó los principales objetivos de la iniciativa: “Incentivar la oferta de inmuebles para alquiler, volver al plazo de dos años y brindar mayor libertad y autonomía en la negociación del ajuste del precio entre las partes, locadores e inquilinos”, detalló.

Al señalar que “la actual ley generó consecuencias no deseadas”, Alejandro Cacace (Evolución Radical) propuso que “la intervención del Estado en el mercado de alquileres no debe darse en los precios, sino a través de los incentivos fiscales para incrementar la oferta de propiedades en alquiler”.

A su turno, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) afirmó que “la ley no va a resolver el problema habitacional de nuestro país, pero apuntamos a que haya mayor oferta para alquilar”.

En relación al paquete de beneficios fiscales para locatarios, el dictamen opositor no se diferencia demasiado del oficialista: se prevé una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación «en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados» se considere como «una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma».

Además, se libera del pago de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler habitacional, y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

Demanda oficialista

En representación del FdT, Lucas Godoy ponderó el dictamen de mayoría al considerar que busca “un equilibrio y compensar las posiciones” de los sectores involucrados.

Desde la bancada oficialista también se pronunció el diputado José Luis Gioja, quien le cantó la justa a la oposición, referenciada en JxC.

En este sentido, el peronista resaltó: “Juguemos para la gente, el que necesita” y defendió “firmemente” las modificaciones que “consensuamos” en Legislación General, que “trata de equilibrar el derecho constitucional a la vivienda con el derecho a la propiedad”.

Cabe recordar que, previamente, en el marco de las reuniones de Legislación General expusieron más de un centenar de invitados relacionados con el tema, como asociaciones de defensa del consumidor, de corredores inmobiliarios, y de inquilinos, entre otros.

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