País. En la elevación la fiscalía pidió que se investigue el delito de “obligar” a personas a hacer un aporte mensual a las organizaciones sociales. «Algo que no existe ni ocurre en la realidad», señalaron en su defensa desde el Polo Obrero.
Los dirigentes de izquierda Gabriel Solano y Eduardo Belliboni se presentarán este lunes en Comodoro Py en la causa abierta por el fiscal federal Guillermo Marijuan contra el Polo Obrero. Según consta en la elevación la fiscalía pidió que se investigue el delito de “obligar” a personas a hacer un aporte mensual a las organizaciones piqueteras.
Tras rechazar la denuncia, el Partido Obrero (PO) -fuerza que integran Solano y Belliboni- que se trata de «una causa que apunta a criminalizar la protesta social y perseguir a los dirigentes de las organizaciones que enfrentan el ajuste».
Para el partido de izquierda, el único basamento del fiscal para justificar dicho pedido es una nota publicada en un diario porteño de alcance nacional de junio de este año que da cuenta de la denuncia del «aporte mensual» a los movimientos piqueteros.
«La denuncia es absolutamente falsa, ya que ningún dirigente del Partido Obrero (ni del Polo Obrero) obliga a nadie a aportar a las organizaciones que integran, como afirma el fiscal, repitiendo una nota periodística del diario Clarín», señaló el PO en un pronunciamiento.
Sostuvo además que «la movilización del Polo Obrero crece justamente porque nosotros no estafamos a la gente. 14.000 compañeros de todo el país se han pasado al Polo Obrero rechazando los abusos de intendentes u organizaciones integradas al Estado».
«El ministro Zabaleta trató de frenar esos pedidos de pases a nuestra organización, sabiendo que son masivos porque en el Polo rige la estricta discusión en asambleas, la rendición de cuentas públicas en cada una de ellas, el aporte voluntario que se diferencia del compulsivo que protagonizan decenas de punteros en todo el país y su administración democrática para poder sostener comedores con sus gastos de garrafas, alimentos frescos, fletes o locales entre otras actividades sociales de la de la organización», resaltó la agrupación política en su contraataque.
Tras hacer mención a las expresiones de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pidió quitar el control de los planes a las organizaciones sociales, el PO afirmó que «se pretende reforzar el punterismo político prebendario de los intendentes y gobernadores mediante la manipulación de la asistencia social, las viejas prácticas repudiadas en los barrios».
«El traspaso de los planes a las intendencias apunta a armar un gran fraude laboral, poniendo a hacer tareas de convenio municipal a quienes los cobran», aseveró el partido de izquierda.
En su crítica al Gobierno, el Partido Obrero aseguró que «están consustanciados con sacar a los pobres que se organizan por trabajo de las calles, para poder recortar los fondos de asistencia a los desocupados en línea con el ajuste del FMI».
«Una pretensión que no será viable ya que la crisis económica solo tiende a agudizarse y se reproducen las luchas sociales y salariales en distintos puntos del país», puntualizó.
