País. A través de elaboración participativa de la iniciativa, coordinada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, se recibieron aportes, propuestas y se realizaron encuentros e instancias de intercambio con una mirada plural y federal.
El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, envió a la Presidencia de la Nación el proyecto de ley de Integridad y Ética Pública.
La iniciativa tiene entre sus objetivos principales la creación del Sistema Nacional de Integridad y Ética Pública, que comprende el conjunto de instituciones, mecanismos, procedimientos, principios, normas y políticas en materia de integridad y ética del Sector Público Nacional, integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El impulso de este proyecto devino del análisis de la Ley 25.188 sancionada hace más de veinte años a través del cual se consideró necesario adaptar sus disposiciones a los nuevos tiempos, fenómenos y a las modernas tecnologías, procurando generar herramientas eficientes para regular la interacción entre el sector público y el sector privado.
En este sentido, los aprendizajes en política comparada en torno a la gestión de la integridad indican que es necesario trabajar en nuevos regímenes de declaraciones juradas, de prevención de conflictos de intereses, de limitaciones al cese del ejercicio de la función y en la utilización de la tecnología, entre otros mecanismos de innovación de política pública preventiva, frente al fenómeno de la corrupción.
El proyecto de ley incorpora cambios en el sistema de Declaraciones Juradas para asegurar su disponibilidad en forma completa y precisa, a la vez que se prevé un registro de personas incumplidoras.
También establece limitaciones al fenómeno de la “puerta giratoria”, que alude a los vínculos e intereses privados de las personas que ingresan a altos cargos en el Estado Nacional, ya sea antes de asumir su función pública como así también después de la misma.
Se deberá publicar un registro de los antecedentes, los vínculos y los intereses privados de los funcionarios, así como de las actividades que realizan al cesar en sus funciones. El Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP) ya se encuentra vigente y disponible en la web de la OA.
Dentro de las políticas públicas integrales con las que la nueva ley enfrentará a la corrupción se destaca el nuevo sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses, para la prevención de conflictos de intereses, detección de enriquecimientos ilícitos. Prevé una actualización de la información a declarar incorporando criptoactivos, beneficiario final, entre otros, así como también mayores niveles de publicidad de esas declaraciones.
En base a la prevención de conflictos de intereses, puerta giratoria y captura de la decisión estatal la normativa establece nuevas definiciones para la prevención y gestión de conflictos de intereses (CI); dictámenes preventivos de las Oficinas de Integridad sobre CI; pautas específicas para el ingreso y egreso de la función pública; y declaración de intereses de proveedoras del Estado. A través de esta legislación se impediría que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales “offshore” bajo la forma de sociedades, de cuentas, o de giros patrimoniales en plazas no colaborativas y establecería el desprendimiento de las mismas para asumir sus funciones.
El proyecto también apunta al registro digital de actividades de gestión de intereses y registro digital de obsequios y viajes para los tres Poderes y el Ministerio Público, con transparencia y publicidad y su análisis estará a cargo de las Oficinas de Integridad.
Otro de los puntos relevantes es la incorporación de herramientas tecnológicas mediante una plataforma digital para declaración jurada patrimonial y de intereses; registro digital pre-post empleo; registro digital de obsequios y viajes; registro digital de actividades de gestión de intereses; registro de personas incumplidoras de la ley. Esta modernización traerá como beneficios dotar de mayor transparencia a la gestión pública, ayudará a promover la integridad; permitirá la participación ciudadana y el control de los actos públicos.
Por otro lado, el proyecto prevé que toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, deberá presentar una “Declaración Jurada de Intereses”, a los fines de prevenir y detectar conflictos de intereses e incompatibilidades.
La Ley de Integridad y Ética Pública presentada por la OA «apunta a la deconstrucción del concepto de corrupción, entendiéndolo como un fenómeno multidimensional, sistémico, históricamente situado y dinamizador de la injusticia social», se indicó desde el organismo.
«La norma incorpora la perspectiva de género y diversidad entendiendo que las políticas públicas tendientes a reducir o a erradicar cualquier tipo de desigualdad o violencia en función del sexo, género, orientación sexual o expresión de género de las personas son un pilar fundamental para la gestión pública», se añadió.