Córdoba. De esta manera se pronunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia. Fue en el marco de un plenario de comisiones donde se retomó el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el oficialista Oscar González. La bancada Juntos UCR adelantó su rechazo a la iniciativa.
En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General, que desarrolló en la mañana de este miércoles, el presidente del máximo tribunal de Justicia de la Provincia, Sebastián López Peña, rechazó la creación del Ministerio Público de la Defensa que se promueve por ley desde la bancada oficialista.
En su exposición, López Peña se planteó abordar los puntos más estructurales del proyecto de ley en debate. Desde el arranque de su presentación, el vocal del TSJ sostuvo que la iniciativa tiene «una serie de inexactitudes jurídicas y terminológicas».
Aunque, a renglón seguido, fue aún más categórico al dejar sentada la posición del máximo cuerpo de Justicia y en particular de la Sala Penal.
«Quiero aprovechar el tiempo que se me dispensan para abordar los puntos más estructurales que ha criterio del alto cuerpo, y concretamente de la sala penal, tornan a este proyecto -a nuestro modo de ver- como muy inconveniente», sentenció.
Tras destacar el respeto a la divisón de poderes, y que no es potestad del Poder Judicial legislar, el titular del TSJ hizo hincapié en la invitación de la Unicameral a brindar su opinión sobre el proyecto en tratamiento.
En este plano, López Peña remarcó que el proyecto «va en retroceso a la calidad institucional”. Y acentuó: «Creo que se asemeja más a uno de los proyectos que políticamente que hemos visto por televisión que se discuten para modificar el Consejo de la Magistratura de la Nación que a un Consejo de la Magistratura de la calidad institucional de la Provincia de Córdoba».
En el detalle de los puntos abordados, el representante del TSJ también se pronunció en contra de la incorporación del Defensor General (figura que establece la iniciativa) al Consejo de la Magistratura de la Provincia con carácter vitalicio.
Advirtió que los nueve integrantes del Consejo de la Magistratura Provincial «son rotativos». Al respecto, enfatizó que «de aprobarse el proyecto tal como está explicitado se sentaría en la silla del Consejo un décimo consejero que sería el único de los diez inamovible».
Esto «rompe el esquema», aseguró López Peña y ahondó en su postura: «Es un contrasentido», dijo y afirmó que «merece una corrección».
Entre otras valoraciones más técnicas, el presidente del máximo cuerpo de Justicia cuestionó la creación de un nuevo organismo en el marco de ajustes presupuestarios.
Tal como lo plantea el proyecto oficialista, esta nueva estructura denominada Ministerio Público de la Defensa estaría integrada por un Defensor General y cuatro Defensores Adjuntos (con cargo vitalicio), y los Defensores Públicos de los diversos fueros, todos designados por el gobernador, previo acuerdo de la Legislatura.
En el caso del Defensor General, la iniciativa establece que «es inamovible en su cargo, tiene iguales incompatibilidades e inmunidades, retribución y régimen previsional que los miembros del Tribunal Superior de Justicia, y durante el ejercicio de sus funciones sólo puede ser removido de su cargo por las mismas causales y con los mismos requisitos de aquellos».
