País. El ex titular de la cartera sanitaria está acusado de no alertar de la situación a tiempo a pesar de que la conocía hacía meses. A su vez, la Justicia resolvió ampliar las acusaciones por el delito de «falsedad ideológica» a una enfermera y dos ex directivas del Neonatal.
Más temprano que tarde llegó la imputación para el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, quien debió renunciar de manera forzosa a su cargo en medio de la tragedia que expuso la prensa de cinco muertes de bebés sanos en el Hospital Materno Neonatal.
La justicia cordobesa imputó este lunes a Cardozo por omisión de deberes de funcionario público, en relación a la causa que investiga el fiscal de Instrucción Raúl Garzón.
Sobre el ex ministro pesa las acusaciones de no haber alertado a tiempo la situación, de la cual habría tenido conocimiento meses antes de que se hiciera público. Tampoco su cartera efectuó la denuncia penal ante la justicia por las muertes de bebés.
Además, también fue imputado el exvicedirector de Gestión Hospitalaria del Neonatal, el abogado Alejandro Escudero Salama, por la misma figura, que alude a la omisión de haber denunciado los graves hechos que se dieron en el nosocomio.
Escudero Salama fue nombrado interventor del Neonatal con la función de encarar la investigación administrativa luego de que iniciaran los fallecimientos sospechosos. Dicha investigación interna se mantuvo en silencio hasta hace algunas semanas.
Cardozo había dejado el cargo el pasado 25 de agosto, cuando presentó su renuncia forzosa, y también fueron apartados de sus cargos otros funcionarios sanitarios que estarían al tanto de la información.
Se trata del secretario de Salud, Pablo Carvajal; el director de Hospitales Capital, Esteban Ruffin; y la directora de Maternidad e Infancia, Marcela Yánover.
En su demanda por las «responsabilidades políticas» de esta «catástrofe pediátrica», la oposición apunta a la actual ministra de Salud, Gabriela Barbás, quien era parte de la gestión Cardozo y estaba a cargo de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud. De esa área dependía el programa de Seguimiento de la Mortalidad Infantil.
En la resolución 1.241 del 2001, el Ministerio de Salud establece que en las 24 horas de producidas, los hospitales de Córdoba están obligados a informar las muertes de niños menores de 1 año a los responsables del programa de Seguimiento de la Mortalidad Infantil.
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Más temprano, la Justicia resolvió ampliar las acusaciones por el delito de «falsedad ideológica» a la enfermera Brenda Agüero, acusada de las muertes. También recayó sobre la exdirectora del hospital, Liliana Asís, y a la ex jefa del área de Neonatalogía, Marta Gómez Flores, quienes se encuentran imputadas por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público”.
Según se anticipó, el fiscal Garzón indagará, en el curso de esta semana, a las dos ex directivas del nosocomio.
