País. Luego de más de 7 horas de sesión, el oficialismo (con el voto de aliados) aprobó la iniciativa con 36 votos positivos, mientras el rechazo opositor cosechó 33 voluntades. Ante las resistencias internas, la modificación del proyecto K fijó ampliar a 15 (en vez de 25) el número de integrantes del máximo tribunal de justicia.
Con una modificación importante y pese al rechazo opositor (Juntos por el Cambio y la senadora Alejandra Vigo), el oficialismo consiguió en la noche de este jueves la media sanción en el Senado del proyecto de ampliación de la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que pasaría a tener 15 integrantes si se aprueba en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la iniciativa, que cosechó 36 votos afirmativos y 33 negativos, tiene casi nulas chances de avanzar con la reforma en la Cámara Baja, donde la oposición en mayoría la rechazará.
Por la resistencia de sectores internos del oficialismo al proyecto de reforma para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros (suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y motorizado por los gobernadores oficialistas), que ponía en peligro la media sanción del Senado, el Frente de Todos cedió en las pretensiones y a último momento modificó la redacción del texto acotando a 15 integrantes la composición del máximo tribunal de Justicia.
Hubo otros dos cambios acordados y que se trataron sobre tablas: uno de ellos, establece que el Senado deberá prestar acuerdo a otros integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo, como lo establece la Constitución Nacional, contemplando una composición federal y el respeto de la paridad de género.
Y, por último, los actuales miembros de la Corte continúan en sus cargos, por lo que, si la medida se aprueba en Diputados, se nombrarían 11 más.
El Frente de Todos había intentado durante meses persuadir al puntano Adolfo Rodríguez Saá, y a los aliados circunstanciales Alberto Weretilneck y Clara Vega, quienes impulsaban iniciativas que contemplaban un número menor a 25. Pero los intentos no prosperaron y por eso se demoró tanto la convocatoria a la sesión.
En la votación final, el oficialismo consiguió que los tres acompañaran el proyecto, y también hizo lo propio la misionera Magdalena Solari Quintana. La puntana oficialista María Eugenia Catalfamo votó en contra por indicación expresa de su gobernador Alberto Rodríguez Saá, uno de los que más había bregado para que la Corte pasara a tener 25 miembros. Ese voto en contra, no obstante, no puso en riesgo la media sanción.
Los 33 votos negativos fueron aportados por el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio (JxC). Por su parte, los senadores por Córdoba Luis Juez (JxC) y Alejandra Vigo (Córdoba Federal) estuvieron ausentes en la sesión -en señal de rechazo- para no convalidar el accionar del Frente de Todos.
La oposición no contribuyó con el quórum para habilitar la sesión especial, en rechazo a la iniciativa con la que -según afirmaron- el kirchnerismo busca controlar a la Justicia y conseguir la impunidad de Cristina Kirchner y otros referentes del oficialismo. Los senadores de JxC recién bajaron al recinto con la sesión ya empezada.
El debate
«Es importante que esta Corte sea federal, plural y heterogénea en su composición», afirmó el senador por Jujuy, Guillermo Snopek, quien inició el debate y defendió el proyecto kirchnerista.
Sostuvo que, «el dictamen que está hoy a la vista es el que acordamos junto a 16 gobernadores», y justificó la modificación en su composición de 25 a 15, al sostener que «es producto de las discusiones internas, que son propias de los debates y la pluralidad». Además, el parlamentario aclaró que, «deberá ser respetada la paridad de género con 8 jueces o juezas».
«Tenemos la oportunidad de hacer un aporte sustancial y el debate y la institucionalidad se da en último momento donde puede haber modificaciones y aperturas», sumó.
Durante los cierres, el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), remarcó sobre la necesidad de ampliar la Corte al sostener que, «estoy convencido de que es muy poco y de baja calidad institucional y democrática que 4 o 5 personas deban resolver las cuestiones institucionales y de Estado de nuestro país». «Estoy de acuerdo con la propuesta del oficialismo y con la perspectiva de género que se plantea», añadió.
A diferencia, el senador por Salta, Juan Carlos Romero (Cambio Federal), expresó que, «esta embestida al poder judicial, a la política y a la Corte, en particular, tiene que ver con el deseo de liberar a muchos imputados en la causas que la justicia está investigando y la presión es fuerte».
En concordancia con lo expuesto por varios senadores de la oposición, Romero recalcó que, «esta es la agenda del Gobierno, y se pretende desviar la atención de los graves problemas que tiene el país y las cosas que la gente espera que resolvamos».
A su turno, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (UCR), también enfatizó sobre la «falta de sintonía social» en el tratamiento del proyecto.
«Lo más lamentable de esta discusión, es que quizá tenga que ver con que la base de sustentación electoral del Frente de Todos, sea que regalar una foto con la media sanción, pese más que los problemas de la sociedad», opinó.
Luego, Naidenoff advirtió que, «si quieren ser serios, este proyecto de ley debe volver a comisión, porque saben que en Diputados este proyecto no pasa».
Por su parte, el senador por Neuquén, Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) afirmó que,»con estos cuatro mafiosos que hay hoy en la corte, no hay gobierno que aguante, en manos de «esos» estamos y es la justicia que tenemos».
Al no tener los votos en la Cámara Baja, el ultraK habló de diálogo con la oposición. Al respecto, expresó que, «está la Cámara de Diputados para continuar hablando, pero no tengan dudas de que debemos tener otra Corte, no por nosotros, sino por la democracia y por el gobierno que va a ser electo en el 2023».
Al finalizar el debate, el senador por Formosa, José Mayans (Frente Nacional y Popular) se refirió al desempeño de la actual Corte Suprema y sostuvo que, «el poder dura mientras dure su buena conducta, porque cuando un poder se arroga que está por encima de otros poderes, se termina el sistema republicano de gobierno y ese problema estamos teniendo en la Argentina».
Mayans transmitió el pedido de los gobernadores sobre la necesidad de que la Corte sea garantía de independencia e imparcialidad y, «no únicamente de los poderes públicos sino también de los privados», agregó.