CABA. La presentación fue realizada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. El pedido se hizo en momentos en que se mantienen más de una docena de tomas en la Ciudad.
El Gobierno nacional realizó este jueves una presentación ante la Justicia para reclamar que la administración del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, retire a la Policía de los colegios tomados, al considerar que las y los jóvenes no pueden ser imputados de ninguna contravención y se encuentran ejerciendo sus derechos.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, presentó un habeas corpus preventivo y colectivo, en momentos en que se mantienen más de una docena de tomas en distintos colegios secundarios de la Ciudad.
La actuación de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) se dio ante denuncias de padres y alumnos/as que ingresaron a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional y los hechos que son de público conocimiento.
“Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con las fotos, videos y la nota periodística que se acompañan, los policías —además de verificar quién ingresa y sale de los colegios— sacan fotos de los/as estudiantes, graban videos y les requieren información”, según consta en el texto presentado.
“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no puede pasar por alto que los/as estudiantes son mayoritariamente menores de edad, que no pueden ser detenidos/as ni imputados por supuestas contravenciones. Por ello, la presencia policial en la puerta de los establecimientos sólo persigue un efecto intimidatorio y amenazante para que los/as estudiantes, legalmente organizados en los términos de las leyes nº 26.877 de la Nación y 137 de la CABA cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades”, se advierte en el escrito.
Por otro lado, desde la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional también se remitió una nota formal a la fiscal María Laura Presedo, quien dio curso a la causa contra los padres de los/as estudiantes por una supuesta contravención y los notificó con policías a sus domicilios particulares.
En la nota, se señala a la fiscal que “el más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados”.
A través de la misiva, la SDH le solicitó a la fiscal que informe si efectivamente se abrió la causa a los padres, y de ser así, qué conducta puntual se les imputa.
En su crítica al gobierno porteño, el organismo nacional resaltó: «Nos encontramos frente al inicio de una causa contravencional carente de sustento jurídico, que pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as, al ser visitados temerariamente por personal policial en sus propios domicilios”.
