Córdoba. El «Caso González» generó la indignación social por los «privilegios» de casta. Al uso de autos judicializados de alta gama (cuatro asignados al oficialista de Traslasierra, dos más a integrantes de HxC y tres a opositores) se sumó la polémica por los viáticos para el combustible que paga la Unicameral a los legisladores.
Mientras la demanda social apunta al accionar de la justicia para que trabaje de forma independiente, hay silencio en el Centro Cívico puertas afuera, y la Unicameral es caja de resonancia del accidente fatal que protagonizó Oscar González, quien fuera hasta hace pocos días el presidente provisorio de la Cámara, en el cual perdió la vida la docente Alejandra Bengoa, y dos adolescentes (Marina y Alexa) permanencen internadas con graves heridas.
El «González gate» adquirió mayor volúmen por las derivaciones del caso que dan cuenta de las infracciones viales que acumulaba el oficialista de Traslasierra y hasta el dato de que no cumplía los requisitos para obtener el carné de conducir provincial. A lo que se adiciona la polémica por la asignación de autos judicializados de alta gama a legisladores.
No es un dato para nada menor que González protagonizó el choque fatal a bordo del vehículo marca BMW X1 (con patente melliza) en el Camino de las Altas Cumbres.
Además del BMW modelo X1, el legislador por el Departamento San Javier tiene asignado otros tres vehículos: una Volkswagen Amarok, una Land Rover Freelander y un Audi A5. A su vez, el Poder Legislativo es depositario de otros cinco autos.
Dos están en manos de parlamentarios oficialistas. Dardo Iturria tiene un Toyota SW4 SRV, mientras que su par de bancada, Miguel Majul, dispone de una Jeep Renegade. Los otros tres están asignados a opositores. El radical Juan Jure (Juntos UCR) utiliza un Nissan Sentra. El cambiemita Orlando Arduh (JxC) posee un Citroën C4 y el macrista Darío Capitani (JxC) cuenta con un Audi A4.
Desde el oficialismo indicaron en las últimas horas que esos vehículos serán devueltos al Poder Judicial, quien se los adjudicó «en guarda» a la Legislatura como lo establece la ley 8.550, cuya autoridad de aplicación es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Los tres parlamentarios opositores anticiparon que restituirán los autos judicializados. Así lo hizo saber Jure y Capitani. En tanto, Arduh sostuvo que devolverá el vehículo asignado cuando se reforme la norma y los funcionarios de los tres poderes también hagan lo propio. Actualmente, se encuentran a disposición del TSJ 3.438 vehículos.
Una buena parte de esos autos han sido entregados por el máximo tribunal a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, en calidad de “depositarias”, en el marco de la ley 8.550.
Sobre la ley
Ante la polémica, desde el bloque oficialista manifestaron que hay voluntad del Gobierno provincial para revisar esta norma que data de 1996, aunque tendrá un tiempo de análisis hasta que el Ejecutivo la envíe a la Unicameral.
Un integrante de la bancada Hacemos por Córdoba afirmó a Agenda 4P que la ley demandará un estudio exhaustivo por parte del Tribunal Superior de Justicia y el Poder Ejecutivo.
«Hay voluntad para revisarla, pero se debe actuar con prudencia y estudiar bien su aplicación», completó la fuente oficialista.