Córdoba. Un grupo numeroso de jefes comunales presentaron nota al vicegobernador y a los titulares de las bancadas legislativas con el firme propósito de que sea atendido su reclamo por la retroactividad de la norma.
Un grupo numeroso de intendentes y jefes comunales afectados por el cepo de la ley 10.406 formalizó este martes su nueva avanzada por la re-reelección ante la Unicameral, de cara al escenario electoral 2023.
Lo hicieron a través de la presentación de sendas notas dirigidas al vicegobernador Manuel Calvo y a los ocho jefes de bancadas que componen el cuerpo parlamentario con la firma de cuatro jefes territoriales (Oscar Fasoli, Pablo Alcalino, Daniel Delbono y Gastón Tomatis) que integran la Mesa Ejecutiva del conjunto que suman más de 250 intendentes y jefes comunales de los distintos partidos políticos de la provincia.
Con la formalidad del caso, los afectados por el cepo de la ley 10.406 renovaron su planteo de que «no pueden aplicarse sus efectos en forma retroactiva». En este plano, solicitaron ser recibidos -se especula la semana próxima- por con cada representación legislativa, tanto el oficialismo como las distintas bancada del arco opositor.
Este alineamiento variopinto de intendentes rechazan puntualmente la retroactividad de dicha norma. En ese sentido, reclaman la reforma del artículo 7 de la ley para que se tome como primer mandato el período 2019-2023, y no el 2015-2019. «No es una reelección indefinida», remarcaron.
Este es el punto central del reclamo conjunto en torno a que tal como esta la ley «incluye períodos de gobierno o mandatos en curso al momento de su sanción«, argumentaron. Cabe recordar que la norma en cuestión fue sancionada en diciembre de 2016 y promulgada en 2017.
El artículo 7 dice: «A los fines de la aplicación de la presente Ley, el actual mandato de legisladores, integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, concejales, intendentes, miembros del Tribunal de Cuentas de municipios, miembros de la Comisión Comunal y del Tribunal de Cuentas de las comunas será considerado como primer período».
Así redactado remite al período 2015-2019, cuando la norma fue aprobada a fines de 2016, y promulgada meses después del año siguiente. Por eso, los intendentes cuestionan la «retroactividad» de dicha normativa que resulta un impedimento para aquellos jefes territoriales con dos mandatos consecutivos que demandan poder presentarse nuevamente en el próximo turno electoral.
Son 292 los municipios y comunas cuyos jefes de gobierno con dos períodos consecutivos no podrán pelear por un nuevo mandato en 2023 de mantenerse el cepo de la ley 10.406.
En el universo de intendentes que no podrían acceder a un tercer mandato la mayoría son de Hacemos por Córdoba (unos 137), aunque hay 73 de signo radical. En menor proporción también alcanza a dirigentes del Frente de Todos (43), del PRO y vecinalistas.
En base a la posición que fijó El Panal, el oficialismo advirtió que una reforma a la ley tiene que salir por consenso, más allá de que tiene los votos propios para avanzar en soledad. No obstante, Hacemos por Córdoba exigió que las principales bancadas opositoras que congregan a radicales y macristas compartan el costo político.
En principio, la mayoría de legisladores de Juntos por el Cambio acompañaría el reclamo de los intendentes. Falta el aporte de votos de Juntos UCR, cuyos dos parlamentarios del sur provincial vienen sintiendo la fuerte presión de intendentes de la región.
