País. El senador cordobés, junto a su par de bancada Humberto Schiavoni, presentó un amparo por la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura, puntualmente de los kirchneristas Doñate y Fernández Sagasti.
Los senadores de Juntos por el Cambio Luis Juez y Humberto Schiavoni insistieron en judicializar la representación de la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura y pidieron la nulidad de las designaciones de Martín Doñate y Anabel Fernández Sagasti, del Frente de Todos.
Mediante una acción de amparo, los legisladores de JxC demandaron “la nulidad absoluta e insanable de todo lo actuado en lo atinente a la designación de Doñate y Fernández Sagasti para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación como miembros titular y suplente respectivamente”.
En su contragolpe a la jugada de Cristina, los opositores objetaron “la partición del bloque del Frente de Todos a los fines de la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación” y, en consecuencia, pidieron la designación de ellos mismos, Juez y Schiavoni, como representantes ante ese cuerpo por la segunda minoría del Senado.
La acción de amparo recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal a cargo de la jueza María Alejandra Biotti.
El pedido opositor reconoce que “la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables está extinguiéndose en la Argentina”.
La presentación judicial se basa en que la presidencia provisional del Senado debió “nombrar a los representantes de las distintas fuerzas políticas que constituyen la Cámara surgidas de la última renovación efectuada en diciembre de 2021 producto de las elecciones legislativas”.
Juez y Schiavoni sostuvieron que “el oficialismo, con 35 Senadores de un total de 72, pretendió alzarse con 3 de 4 representantes de la Cámara, sosteniendo como válida a este efecto la partición del bloque del Frente de Todos operada en abril de 2022, que ya la propia Corte Suprema declaró como inoponible a los efectos de la constitución del Consejo”.
Ello –acentuaron- “torna imprescindible la intervención del poder judicial a los fines de resguardar el derecho a integrar el Consejo parte de una minoría parlamentaria”.