Córdoba. Se aprobaron dos iniciativas impulsadas por el Ejecutivo provincial con aportes de la oposición. Por el «González gate» se armonizaron requisitos y validez de las licencias de conducir emitidas por municipios y comunas. A su vez, se actualizaron los mecanismos de asignación de vehículos secuestrados en causas penales por parte del TSJ.
Durante la penúltima sesión ordinaria de este período legislativo, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, el oficialismo junto a cinco bloques opositores aprobaron una norma que armoniza los requisitos y la validez de las licencias de conducir emitidas por los municipios y comunas, la reforma a la ley 8.550 sobre los autos judicializados, ante las derivaciones del «caso González».
En este último caso, la bancada de la mayoría incorporó a la reforma a la ley 8.550 varios aportes de legisladores de la oposición que posibilitó arribar a un acuerdo amplio. De hecho, la iniciativa del Ejecutivo fue compatibilizada con otros tres proyectos de las bancadas Juntos UCR, Coalición Cívica y Juntos por el Cambio. Por su parte, el MST y el Frente de Izquierda rechazaron la sanción de esta norma.
De esta manera, se avanzó en la modificación a la polémica ley 8.550 (dictada hace más de 26 años), de Depósito de Automotores Secuestrados en Causas Penales, disponiendo que el Tribunal Superior de Justicia los asigne en depósito con carácter provisorio y exclusivo para el uso del Poder Judicial, de las fuerzas armadas y de seguridad, y a fundaciones o asociaciones civiles de bien público, garantizando la trazabilidad de las entregas.
La iniciativa actualiza los mecanismos de asignación, registro e identificación, entre otros, con el fin de “garantizar la trazabilidad de los vehículos, incorporando resguardos y obligaciones mínimas que aseguren la transparencia, publicidad, claridad y atribución de responsabilidades que pudieren brotar de la entrega en depósito”, según expresa en sus argumentos.
Por su parte, la legisladora radical Verónica Garade Panetta (Juntos UCR) afirmó: «Hoy ha quedado evidenciado la necesidad de esta reforma de la norma para evitar el abuso de un procedimiento nacido para resolver y auxiliar a la obtención del bien público, no para convertirse en un privilegio político, ni para estar al servicio u abuso de nadie, ni muchos menos de los funcionarios públicos».
Así aludió a las derivaciones del choque fatal que protagonizó Oscar González a bordo del BMW X1 -un auto judicializado de alta gama- en el Camino de las Altas Cumbres, donde perdió la vida Alejandra Bengoa (56) y dos adolescentes de 14 años, Alexa y Marina, quedaron con graves heridas.
Las representantes de las bancadas de izquierda (Luciana Echevarría y Noelia Agüero) también hicieron foco en el contexto en el cual se avanzó con estas dos reformas a leyes provinciales. En sus discursos renovaron las duras críticas por el «González gate».
Uno de los puntos centrales de la reforma destacado por Garade Panetta fue la inclusión expresa de quien conduce este tipo de vehículos se encuentren autorizado a hacerlo bajo la normativa provincial y que no haga uso de un carné como el de Las Tapias, municipio que no está adherido al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT). Es lo que ocurrió en el «caso González» y que motivó la reforma de dicha norma.
En el cierre del debate, el legislador Francisco Fortuna (HxC) resaltó la importancia de modificar estas leyes “y la necesidad, también, de hacerlo en el momento oportuno”, al tiempo que destacó el trabajo legislativo realizado en pos de conciliar los proyectos en tratamiento.
“Quiero agradecerles a los distintos bloques que han incorporado miradas y han permitido mejorar la letra de la ley que estamos sancionando hoy, del Tribunal Superior de Justicia y de este cuerpo que ha tenido la mejor predisposición”, cerró el jefe de la bancada de la mayoría.
Licencias de conducir
En igual sentido, Hacemos por Córdoba, junto a las bancadas opositoras (en esta iniciativa se sumó el MST con su aprobación en general) aprobó el proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo que armoniza los requisitos y condiciones de validez para los centros de emisión de licencias de conducir en la provincia, por el cual se modifica e incorpora artículos a las leyes 8.560 (T.O. 2004) -de Tránsito- y 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana).
El punto central de esta reforma apunta a que las licencias de conducir que otorguen municipios y comunas que no hayan adherido a dicha norma, no podrán habilitar a conducir por fuera del ámbito de competencia territorial del gobierno local.
Del mismo modo, instituye que la verificación de los respectivos antecedentes de tránsito “se debe realizar mediante la consulta a los registros nacional y provincial en la materia (RePAT)”, a la vez que constata que “los municipios y comunas solo pueden emitir licencias de conducir a personas que tengan domicilio dentro de su radio”.
Por otra parte, la ley determina que las jurisdicciones que aún no lo hayan hecho, tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia para adherir a la Ley Provincial de Tránsito 8.560.
«Caso González»
La decisión de la administración schiarettista de modificar las normas en cuestión se debe a las derivaciones del choque fatal que protagonizó Oscar González a bordo de un auto judicializado de alta gama, en la tarde del sábado 29 de octubre. El caso cobró mayor volumen tras conocerse reiteradas infracciones viales del legislador transerrano y hasta el dato de que no cumplía los requisitos para obtener el carné de conducir provincial.
Por esos días, el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), advertía que “el conductor no cumple los requerimientos para obtener una licencia de conducir” debido al listado de antecedentes en relación a las infracciones en su haber.
No obstante, al momento del accidente vial (con saldo trágico), González circulaba con un carné emitido el 7 de enero del 2022 en Las Tapias, municipio que no está integrado a la red del RePAT, que recopila los antecedentes de tránsito en la provincia y que le labra la multa al conductor. Y a su vez, ofrece efectuar a través de su cuenta de Facebook el trámite de la licencia de conducir “con cualquier domicilio y entrega en el acto”.
En esa oportunidad, el abogado de González, Oscar Ortiz Pellegrini, argumentó en su defensa que «es el municipio que corresponde a 20 cuadras de su casa». «Tiene validación conforme a la legislación nacional, que no todos los municipios la tienen, y con vigencia al 7 de enero del 2023”, sumó.
