País. De esta manera, la avanzada opositora apunta contra el presidente Alberto Fernández y los 18 mandatarios que avalan no acatar el fallo del máximo tribunal que le dio la razón a la CABA.
La titular del PRO nacional, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales macristas Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentaron una denuncia penal contra el Gobierno y contra 18 mandatarios provinciales por el delito de «sedición», previsto en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal.
En la denuncia, los patrocinantes de la presentación se hacen eco del fallo de la Corte Suprema de Justicia y, al respecto, afirmaron que «no implica, de ninguna manera, detraer fondos de coparticipación de las provincias».
«No pueden desconocer los denunciados, por las funciones que ejercen, que los montos en cuestión no fueron nunca destinados por la ley a las provincias en general, pues se trata de porcentajes de coparticipación correspondientes al Gobierno Federal y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignados a las funciones de seguridad y cuya transferencia se efectuó por convenio, como perfectamente explica la Corte Suprema de Justicia de la Nación», argumentaron.
En ese sentido, los dirigentes opositores refutan al Gobierno nacional al sostener que «no es cierto que el fallo sea de cumplimiento imposible, porque solo se trata de la reasignación del destino de los fondos en cuestión, que, reiteramos, hacen a la coparticipación federal y no a otras asignaciones presupuestarias».
Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos! Con @FerIglesias y Sabrina @Ajmechet presentamos una denuncia por el delito de sedición y traición a la Patria. ?https://t.co/VZeKr1vdVF
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 25, 2022
«Está claro entonces que el documento emitido por el Poder Ejecutivo Nacional solamente indica el modo de justificar y encubrir la decisión tomada de no cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uso de su competencia originaria y exclusiva», enfatizaron Bullrich, Iglesias y Ajmechet en la denuncia.
«Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional», aseguraron los opositores al presentar la denuncia en tribunales y redoblaron la apuesta: «Tienen que ir presos», aseveraron.
«Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos..