País. Desde la cartera de Desarrollo Social se anunció que, quienes no hayan realizado la validación de su identidad, en febrero recibirán la mitad del monto a percibir.
La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, anunció este lunes en conferencia de prensa que más de 150.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo no validaron su identidad y serán suspendidos.
Ayer venció el plazo para que quienes cobran este beneficio, autenticaran su información. Quienes no hayan cumplido este requisito tendrán una instancia de reclamo por 60 días, pero percibirán el 50% del beneficio en febrero, se aclaró desde la cartera social.
De acuerdo con la auditoría realizada por el ministerio que conduce Tolosa Paz, surgió que aproximadamente el 89% del padrón de beneficiarios del programa validaron sus datos en el sistema.
La validación de datos se estipuló luego de que se conocieran irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La funcionaria destacó que en estos últimos 60 días 1.210.571 titulares validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Progresar Trabajo, de los cuales el segmento más grande está conformado por jóvenes de 18 a 29 años (39,1%).
Los resultados son sumamente positivos. Abarcamos 1.210.571 titulares del programa, lo que representa el 88,7% del total. Pero más allá de los datos de cobertura (que nos alientan, por supuesto)… la información permite direccionar y ser más eficaces en la política pública. pic.twitter.com/GtqLarsU7A
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 16, 2023
La auditoria mostró que del total de beneficiarios, 1.134.472 personas realizan actividades productivas o comunitarias; 46.471 realizan cursos de capacitación y 29.628 están finalizando estudios formales.
Por otro lado, la ministra afirmó que un total de “154.441 personas no han realizado la validación de identidad y, por lo tanto, están sujetas a la suspensión del programa, a partir de la liquidación de enero”.
“Entiendo que haya personas que puedan tener dificultades para lograr la validación, ya sea por desconocimiento de esta obligación que rige por resolución ministerial o por falta de accesibilidad. Queremos dejar abierta la posibilidad de que inicien el reclamo administrativo”, aclaró. Esta instancia tendrá vigencia por un plazo de 60 días.
En cuanto al impacto fiscal de suspender los planes, se estima que habrá $ 2.500 millones que podrán “destinarse a otras actividades productivas”, enfatizó la integrante de la primera línea del Gabinete nacional.
