País. El secretario Pietragalla viajó a Ginebra, Suiza, para asistir a la reunión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El Gobierno argentino, representado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; presentará este lunes ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe del área en el país, con críticas al gobierno de Mauricio Macri y al Poder Judicial.
El contenido del documento se filtró ayer y rápidamente fue cuestionado por los principales referentes de la coalición opositora de Juntos por el Cambio.
En un título «Cuestiones emergentes: principales desafíos», el informe elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos le hace un «llamado de atención» a la ONU por los «discursos del odio» que han proliferado y lo que eso implica para la convivencia democrática.
«Han tomado mayor visibilidad en los últimos tiempos debido a los graves sucesos acaecidos recientemente, que culminaron con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner«, asegura el documento.
Según el informe, «se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional».
«Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’. Desde el actual gobierno nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública», subraya el documento, según consignó NA.
Sobre las causas que involucran a la titular del Senado, la Secretaría señaló que «se violan garantías fundamentales del Estado de derecho bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción».
«Se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal», agrega.
Además, el informe asegura que las causas penales se impulsan «únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares».