Córdoba. El titular de la Defensoría del Pueblo oficializó hoy su pedido de licencia ante el cuerpo parlamentario. En su nota argumentó «razones de índole personal».
El Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara, formalizó hoy su pedido de licencia a su cargo. Lo hizo a través de una nota, con fecha de este miércoles 8 de febrero, dirigida al presidente provisorio de la Unicameral, Francisco Fortuna, que luego fue remitida a las distintas representaciones parlamentarias.
Mediante la nota, Decara solicitó licencia sin goce de haberes, argumentando «razones de índole personal», a partir de la fecha de su otorgamiento y por el término de seis meses. En las últimas horas se conoció que el funcionario provincial aspira a meterse en la carrera por la candidatura a intendente de la capital cordobesa, encabezando un binomio con el macrista Javier Pretto.
El tema adquirió volumen político antes y después de la sesión de este miércoles, debido a la resistencia de por lo menos la gran mayoría de los legisladores radicales que integran el bloque Juntos UCR.
De esta manera, la primera minoría opositora trabó el tratamiento en el plenario de hoy del pedido de licencia de Decara para ser candidato a intendente capitalino.
Desde el bloque opositor se escuchó fuertes cuestionamientos a la solicitud, debido a que esta figura de rango constitucional, consagrada por el artículo 124 de la Constitución de la Provincia, tiene prohibido hacer política partidaria durante su período de mandato.
Un legislador radical dejo en claro el rechazo bajo el argumento de que «mal se podría aprobar una licencia de seis meses para hacer política y luego retomar el cargo en la Defensoría».
De todos modos, esta braza caliente -por el pedido de licencia- será materia de diálogos internos en la Unicameral, de cara a la próxima sesión.
Cabe recordar que el Defensor del Pueblo es designado por la Legislatura Provincial, como comisionado para la defensa de los derechos colectivos o difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo con lo que determina la ley 7.741.
