Córdoba. La presentación se hizo efectiva este lunes en la Unicameral bajo los cargos de mal desempeño, negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho, y supuesta comisión de delitos.
Los dirigentes del Partido Obrero Soledad Díaz y Emanuel Berardo, precandidatos a gobernadora y vice por la fuerza de izquierda, presentaron en la mañana de este lunes en la Legislatura provincial un pedido de Juri de enjuiciamiento contra el juez Juan Manuel Fernández López y el fiscal Ernesto De Aragón.
La demanda de enjuiciamiento se basa en la causal de «mal desempeño, negligencia grave, desconocimiento inexcusable del derecho, y supuesta comisión de delitos».
«La actuación de la justicia cordobesa demuestra la ausencia total de independencia del poder político provincial. Es claro que Schiaretti y Llaryora se han enrolado en una escalada criminalizatoria de la protesta social que intenta sentar las bases para un estado represivo», expresó Díaz.
La fuerza de izquierda rechaza el fallo dictado por Fernández López -en alusión al habeas corpus antipiquetes- y las imputaciones que pretende llevar adelante el fiscal De Aragón a siete dirigentes piqueteros, sindicales y políticos, entre los que se encuentran los referentes del Partido Obrero.
Esto forma parte de «una política criminalizatoria que se viene impulsando también en la Legislatura a través de proyectos antiprotesta presentados por el oficialismo y la oposición. Se trata de una persecución política en toda línea a quienes resistimos el ajuste del gobierno nacional, provincial y del FMI, cómo ya se ha visto en Mendoza y Jujuy, y en todo el país con 70 imputados por luchar», aseveró Díaz.
A su vez, la precandidata a gobernadora por el PO cuestionó que «la justicia actúa de forma arbitraria y unilateral, sin haber convocado en ningún momento a las organizaciones ni a los movimientos de lucha afectados, lanzando opiniones mediáticas, discriminando y estigmatizando a los sectores más perjudicados por el ajuste».
«Se busca aislar las crecientes luchas de la provincia, pero en contraposición se están pronunciando desde diferentes sectores contra este ataque a la protesta social, entre ellos organismos de derechos humanos como la Mesa de Trabajo Córdoba, sindicatos combativos, organizaciones piqueteras, sociales y políticas. Exigimos la suspensión preventiva hasta que se resuelva la destitución del cargo de ambos funcionarios judiciales», completó.
Por su parte, Berardo afirmó que «en un país que acaba de confirmar un 7,7% de inflación en el mes de marzo, el 104% interanual y el 54% de los niños en la pobreza luchar no puede ser delito».
El dirigente del Polo Obrero sostuvo además que «en Córdoba no solo se moviliza la Unidad Piquetera contra la pobreza y la desocupación, también lo están haciendo los trabajadores de la salud y la docencia por el salario y las jubilaciones; en el sector privado los trabajadores químicos y del neumático en contra de la precarización laboral; y así tantos otros movimientos, como el ambiental o la lucha de las mujeres y las disidencias».
«Una política represiva y criminalizatoria a lo único que lleva es al agravamiento de las condiciones en las que ya nos encontramos. Por eso desde el Partido Obrero apuntamos a la movilización popular para enfrentar el ajuste de los gobiernos y el FMI y la persecución a todos los que luchan», concluyó.
