País. Solicitó que se deje sin efecto la pena de seis años de prisión y la inhabilitación que se le impuso oportunamente.
La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación que se le impuso en el juicio por la «causa Vialidad» y que se disponga su absolución, tras argumentar que el fallo en su contra contiene «arbitrariedad fáctica y normativa» y constituye «un supuesto de enorme gravedad institucional».
El veredicto «no cuenta con pruebas directas», advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito de apelación de 394 carillas al que tuvo acceso Télam.
«Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular», agregaron.
La condena «se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico», advirtieron los abogados.
En sus fundamentos, la defensa sostuvo que durante el juicio que se extendió por tres años «quedó ratificado e estado de inocencia» de la ex mandataria por supuestos delitos con la adjudicación de obra pública nacional a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Y recordó que el TOF2 rechazó «más del 80 por ciento de la prueba ofrecida» por la defensa, en particular pericias «ineludibles» en estos juicios y que esa decisión fue ratificada por la sala de Casación «integrada por los jueces que visitaban la Quinta de Olivos», se remarcó en alusión a visitas de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos al ex presidente Mauricio Macri en esa época.
La defensa pidió al máximo tribunal penal del país que absuelva a «Cristina Fernández de Kirchner en orden al hecho por el cual fue injustamente condenada» y deje «sin efecto todas las penas que le fueron impuestas».
En el escrito se aludió a la «orfandad de pruebas», a la «influencia de los factores políticos, económicos y mediáticos» en el proceso y a la «violación del derecho de defensa en juicio» que dieron lugar a un fallo «arbitrario».
Asimismo, se adelantó que, de ser necesario, se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los organismos internacionales que correspondan en materia de derechos humanos.
