Ciudad de Córdoba. La ordenanza sancionada ayer fija controles de consumo de psicotrópicos ilegales a aquellos que ocupen puestos electivos y de planta política en el municipio capitalino.
En la sesión ordinaria de ayer, presidida por el viceintendente Daniel Passerini, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que establece la obligación a funcionarios de presentar certificado negativo de presencia de drogas psicotrópicas ilegales.
Se trata de una modificación por la cual se incorpora el artículo 5 bis al Código de Ética para el ejercicio de la función pública. De esta manera, se estipula que aquellas personas que, por elección popular ejercen funciones públicas, van a tener que presentar los exámenes de negativa de sustancias psicotrópicas ilegales en sangre, en orina o en su cuerpo.
En la fundamentación de la iniciativa, el concejal oficialista Diego Casado aseguró en el recinto que «la política no puede mirar para otro lado. Debemos dar ejemplo desde las acciones, por eso damos un primer paso».
«No es admisible que quien tenga responsabilidades públicas tenga vínculos con las drogas», resaltó el integrante de la bancada de Hacemos por Córdoba.
Sobre la normativa sancionada, el viceintendente afirmó que «el intendente Martín Llaryora es un fuerte impulsor de esta decisión, es una señal que estamos dando desde Córdoba: no al consumo de drogas y no al narcotráfico».
Durante el plenario de ayer también se aprobó el proyecto que establece el Régimen de Autorizaciones para el desarrollo de actividades económicas en Módulos en espacios públicos y privados.
En la jornada se vivió un momento especialmente emotivo al hacer un minuto de silencio por el joven cordobés asesinado en México, Benjamín Gamond.
