País. «Avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos», expresó la organización en un documento conjunto con otras agrupaciones de la Sociedad Civil.
Tras la represión a las movilizaciones en contra de la reforma, un conjunto de organizaciones -entre ellas, Amnistía Internacional- demandaron ante la Convención Constituyente y al gobernador Gerardo Morales la suspensión de la reforma constitucional en Jujuy.
«La reforma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos», advirtieron ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales), AADI (Asociación de Abogadas/os de Derecho Indígena), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – CAJE (Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial), ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Amnistía Internacional Argentina, Avaaz, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo), Consciente colectivo , ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y SERPAJ (Fundación Servicio Paz y Justicia).
En la noche del jueves pasado la Convención Constituyente aprobó «una reforma constitucional con graves problemas de procedimiento, que no respetó los plazos previstos ni permitió la participación de distintos actores sociales», señaló el colectivo.
Horas después de su aprobación, en varios puntos de la provincia se produjeron movilizaciones de rechazo, que fueron reprimidas por las fuerzas policiales. La represión dejó cientos de personas heridas y decenas de detenidas.
En este contexto, el conjunto de organizaciones defensoras de derechos insistieron en su planteo por los problemas de legalidad y legitimidad de la reforma, y solicitaron a la Convención Constituyente y al gobernador de la Provincia su suspensión.
«Entendemos que es la única medida efectiva para encauzar el reclamo y asegurar un debate necesario, obligatorio y participativo de todos los sectores de la sociedad jujeña», remarcaron.
En su pronunciamiento, las organizaciones cuestionaron que «durante el proceso no se compartieron los detalles de los artículos que impactan sobre el derecho a la protesta de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales, estudiantiles, políticas y sindicales».
«El proceso tampoco aseguró las condiciones de acceso a la información y participación pública necesaria y previa para la definición de contenidos sobre regulación ambiental. El régimen de aguas, propiedad, autorizaciones y licencias para exploración o explotación ambiental se conoció ya con el proceso de votación de la reforma cerrado», acentuaron.
Amnistía Internacional y el resto de las agrupaciones denunciaron «la represión con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes que provocaron heridas graves» a los manifestantes de pueblos indígenas y distintos sectores sociales y sindicales.
«Hubo decenas de personas detenidas por resistencia a la autoridad, una figura utilizada para limitar las movilizaciones sociales y el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades», alertaron.
En su rechazo a la reforma aprobada de la Constitución jujeña, las organizaciones de la Sociedad Civil enfatizaron que «avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos».