País. La empresa, que funciona como tambo y feedlot, no contaba con la documentación correspondiente que respaldara el origen legítimo de las existencias de materias primas, por lo que procedieron a interdictar la mercadería.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), desarticuló irregularidades con 117 toneladas de granos en un establecimiento agropecuario de la provincia de Córdoba.
Funcionarios del organismo conducido por Carlos Castagneto constataron que la firma, que funciona como tambo y feedlot, no contaba con la documentación correspondiente que respaldara el origen legítimo de las existencias de materias primas, por lo que procedieron a interdictar la mercadería.
El volumen incautado equivale a la capacidad de carga de cuatro camiones y tiene un valor de mercado que ronda los 6 millones de pesos, se precisó.
En ese plano, la AFIP indicó que las tareas de fiscalización y control arrojaron como resultado que 102 toneladas de maíz y 15 de grano de algodón carecían de la carta de porte electrónica que justificara su ingreso a la firma, ni tampoco estaban declaradas en los registros oficiales.
Como la cantidad de materia prima relevada en depósitos y silobolsas fue superior al declarado, el personal de la DGI infirió que su destino era la producción y comercialización de carne y leche en el mercado marginal, por lo que lo incautó en su totalidad.
El establecimiento se encuentra en la localidad cordobesa de Tránsito y cuenta con 800 cabezas de ganado. Las irregularidades detectadas en el procedimiento darán lugar a sanciones de acuerdo a la Ley de Procedimiento Tributario. La AFIP generará los ajustes impositivos correspondientes.
«Este tipo de maniobras fraudulentas facilitan la evasión de las obligaciones fiscales, al tiempo que restan transparencia a las operaciones de comercialización», señaló el organismo.
Las acciones de la DGI especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular irregularidades y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que actores de la cadena cometan acciones ilegítimas que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.