País. Es por «las irregularidades» en los pagos a los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad.
A través de una iniciativa que ingresó a la Cámara Baja, la diputada nacional por Córdoba Soledad Carrizo (UCR-JxC) pidió interpelar a la ministra de Salud Carla Vizzotti, al superintendente de Servicios de Salud, Daniel Alejandro López, y al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, por la «crítica situación que están sufriendo los prestadores de servicios de discapacidad nuevamente», advirtió.
El proyecto pretende que los funcionarios nacionales brinden un informe sobre las irregularidades en los pagos a los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad, y en particular expliquen cuál es el estado de pago a los prestadores de servicios de salud para personas con discapacidad a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad y que indiquen si se han registrado reclamos por retrasos en los pagos por servicios prestados durante el año 2023.
En la sesión de ayer, la parlamentaria solicitó que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de tratar el proyecto de resolución, ya que según explicó la radical, “hay una cuestión sobre la que no podemos disentir, y es que la discapacidad no ha sido una asignatura prioritaria en la agenda de este gobierno».
«Podemos tener una mirada diferente sobre muchos temas, pero esto no es una ocurrencia personal, y lejos esta de ser una bandera electoral. La discapacidad está en crisis, lo vengo insistiendo personalmente, y no solo yo, cantidad de otros legisladores y legisladoras de esta Cámara se han manifestado por esta situación”, acentuó.
A su vez, sostuvo que “durante los años 2020 y 2021 tuvimos que reiterar hasta el cansancio el pedido por medidas específicas dirigidas a pacientes y profesionales de la discapacidad. Y no solo se trató de apoyo económico. En aquel momento pedimos coherencia en las medidas de aislamiento, pedimos que no se suspendieran los tratamientos para pacientes y profesionales, que fuera considerado un servicio esencial, pedimos vacunación prioritaria. Todas cuestiones de sentido común, que este gobierno no supo ver”.
“Lejos de mejorar, el gobierno ratificó durante este 2023 el desinterés en las políticas de discapacidad. Después de 3 años seguidos haciéndolo, no podía ser de otra forma. A casi 60 días de terminar el mandato seguimos esperamos el tan prometido proyecto de ley de discapacidad, y seguimos viendo los mismos problemas de siempre: retrasos en los pagos a prestadores de hasta 8 meses en algunos casos, reclamos sin responder, y peor aún, en un contexto inflacionario y de devaluación que pulveriza los ingresos de estos profesionales”, reclamó.
Por último, Carrizo enfatizó que «crisis como estas demandan este tipo de pedidos, demandan que pongan la cara personalmente los responsables y expliquen, que han hecho, que está pasando y que piensan hacer en los próximos 60 días antes de irse para no seguir dejando deudas»,
«En este contexto de falta de respuesta oficial es la que motiva este proyecto de interpelación, de pedido de citación personal a la ministra y estas autoridades para que puedan informarnos con rigor y con detalle sobre esta situación”, concluyó la opositora.
