País. Los defensores de la vicerpresidenta pidieron al máximo tribunal que revoque los fallos que dispusieron el inicio de un juicio oral en ambas investigaciones, por considerar que se tomaron decisiones «arbitrarias» en casos de una significativa «gravedad institucional».
La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dicte su sobreseimiento en las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán y revoque los fallos que dispusieron ir a juicio oral en ambas investigaciones.
En dos recursos de queja presentados ante el máximo tribunal del país, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy pidieron dejar sin efecto los fallos al respecto firmados por la sala I de la Cámara Federal de Casación, según escritos a los que tuvo acceso Télam.
«Cabe enfatizar que esta arbitraria decisión irroga perjuicios que no se limitan a la faz procesal, sino además se proyectan en otros ámbitos, con motivo de la indebida utilización de estas actuaciones por parte de terceros para alimentar una campaña de persecución en contra de nuestra representada», advirtió su defensa.
En ambos casos, los letrados remarcaron que las sentencias de Casación se dictaron con el voto de dos magistrados, luego de la decisión de la Corte de hacer cesar en sus funciones a la tercera integrante de la sala I Ana María Figueroa, tras cumplir 75 años.
De esta forma, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña firmaron las sentencias «sin siquiera haberse expuesto las razones por las cuales no se convocó a un tercer juez para deliberar», sostuvieron los abogados al recordar que según trascendidos periodísticos Figueroa se iba a pronunciar por confirmar los sobreseimientos.
Los abogados remarcaron que, en ambas causas penales, los argumentos de la defensa conducen «inexorablemente al dictado del sobreseimiento» de la vicepresidenta.
«La decisión manifiestamente arbitraria adoptada por los jueces Barroetaveña y Petrone vulnera el derecho que le asiste a nuestra defendida de obtener, en un plazo razonable, una decisión jurisdiccional que de una vez por todas ponga fin al estado de incertidumbre y de restricción de derechos que supone el seguir afectada a estas actuaciones», agregaron.
