Córdoba. Junto al presupuesto para el año que viene se aprobaron las otras dos leyes que componen el paquete económico (Ley Impositiva y las modificaciones al Código Tributario Provincial).
Cerca de la medianoche, la bancada de la mayoría oficialista avanzó en sesión de la Unicameral con la sanción del Presupuesto 2024, la Ley Impositiva para el ejercicio del mismo año y las modificaciones al Código Tributario Provincial.
Al momento de la votación, acompañaron a Hacemos por Córdoba, los bloque PRO-JxC, Identidad Peronista y Córdoba Auténtica. En contra se pronunciaron los legisladores de Juntos UCR, Encuentro Vecinal, Independiente y las representantes de las bancadas de izquierda Luciana Echevarría y Noelia Agüero.
Así, quedó promulgado el presupuesto del año próximo que giró el gobernador Juan Schiaretti que contó con el aval del mandatario electo Martín Llaryora, que incluye ahorro corriente sostenible, inversión social e inversión pública sostenida en obras de infraestructura.
El presidente del bloque Hacemos por Córdoba, Leonardo Limia, destacó que se trata de “un presupuesto social que conjuga justicia social y el compromiso de seguir trabajando codo a codo con cada uno de los sectores productivos de nuestra Córdoba, con el sector universitario, con el sector académico, con transparencia, con responsabilidad y eficacia en el manejo de los recursos, de los ingresos y de los gastos». «Creo que es un presupuesto moderado, en estos momentos de incertidumbre económica que vive nuestro país”, completó el oficialista.
Entre otros puntos de la queja, los opositores cuestionaron la suba de impuestos atados a la inflación, el incremento “en un 500% de la partida gastos reservados” al que podrán hacer uso además los ministros de Gobierno y Justicia y el aumento hasta de un 300 por ciento de los fondos de las Agencias.
#Sesion maratónica en @LegislaturaCBA A las 23:25 se sancionó en segunda lectura la ley de #Presupuesto2024 Con 49 votos positivos y 11 en contra (dos votos se consignaron de viva voz). También se aprobó las otras dos leyes económicas pic.twitter.com/bp2zQqGBtx
— Agenda 4P (@4PAgenda) November 16, 2023
En su rechazo, la legisladora Cecilia Irazuzta, resaltó: «Es evidente de que existe un apuro por dejar resuelto al próximo gobierno de Llaryora ciertas cuestiones: un presupuesto desconectado de la agenda social, incrementos impositivos que no consideran la realidad de la clase media, una décima agencia en la estructura de Gobierno que representa más cargos y más ejecución opaca y, finalmente, el golpe final al órgano de control externo, coartando al Tribunal de Cuentas de sus funciones constitucionales por el simple hecho de que la mayoría será opositora».
«En educación, por ejemplo, observamos un ajuste en términos reales de lo que destinan a cada uno de los programas del ministerio. La Ley 10.863, de Emergencia de la Infraestructura de Establecimientos Educativos, que apuraron para su sanción a fines del año pasado, recibió $2019 millones para el 2023 y sólo $534 millones para el 2024. En otras palabras: aprobaron con apuro una ley reconociendo una emergencia edilicia en materia educativa y crearon un fondo, al que nos opusimos en su momento porque sabíamos cómo terminaría: desfinanciado».
«En la audiencia pública, muchos reclamos fueron dirigidos hacia el área de vivienda. De todos los programas de hábitat del Presupuesto, pudimos observar que sólo uno le gana a la inflación. Esto no es ahorro, es recorte”, concluyó.
Cabe mencionar que el 1 de noviembre, el paquete de leyes económicas para el próximo año obtuvo aprobación en primera lectura, tal lo establece la Constitución Provincial. También se concretó una audiencia pública de la que participaron una veintena de entidades y organizaciones.
Rechazo gremial
En medio del debate en la sesión, los gremios estatales y aportantes a la Caja de Jubilaciones expresaron su rechazo a lo que calificaron como «un nuevo ajuste» del Gobierno provincial a los salarios de activos y jubilados.
La Ley de Presupuesto 2024 y el Código Tributario que sancionó la Unicameral, en su artículo 59 «Faculta al Poder Ejecutivo, en el marco de las disposiciones del artículo 6 de la Ley 8.024 -Decreto 407/2020 y su modificatoria-, a incrementar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores comprendidos en dicha ley, hasta un dos por ciento (2%) y previo informe de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba previsto en la citada norma. La facultad prevista en el párrafo precedente podrá ser ejercida hasta el 31 de diciembre de 2025″.
Para los gremios, esto implica, «lisa y llanamente, la rebaja de los haberes de los activos y una disminución en el cálculo del haber inicial de todos los jubilados provinciales«, aseveraron en un documento que lleva la firma de SEP, UEPC, Judiciales, Bancarios, Luz y Fuerza, Legislativos, UPS y Suoem, entre otros.
«Esta decisión es totalmente inconsulta, tiene nuestro total rechazo, y pone en tensión a todo el sector público. En vez de atender a los reclamos legítimos por la derogación o modificación de la Ley 10.694, la empeora; con lo que suma un seguro conflicto con las futuras autoridades que asumirán el 10 de diciembre próximo», se quejaron.
A su vez, la UEPC advirtió que «el caso de la docencia cordobesa, que sufre la peor jubilación docente del país, esta medida agrava y degrada aún más este derecho de los educadores activos y jubilados».