Córdoba. La Unicameral estableció la regulación en el traspaso de cuentas oficiales en redes sociales y otras plataformas, al término de las gestiones de gobierno en el Poder Ejecutivo y Legislativo. La normativa no tiene antecedentes a nivel nacional y regional.
En la penúltima sesión ordinaria de la actual composición legislativa, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, la Unicameral aprobó por unanimidad la ley que regula el traspaso de los accesos, claves y contenidos de los canales digitales institucionales destinados a la comunicación oficial con los ciudadanos, al cabo de cada finalización de gestión en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La nueva normativa, pionera en la materia de comunicación institucional y derecho digital a nivel nacional y regional, define como “canales digitales” a “toda plataforma digital, propiedad de terceros, utilizada por las entidades gubernamentales de la Provincia de Córdoba para comunicar asuntos de interés público”.
De esta manera, a través del resguardo de cuentas oficiales en redes sociales, direcciones de correo electrónico y medios secundarios de validación, entre otros, se garantiza la continuidad de la comunicación gubernamental y el acceso a la información pública, independientemente de los gobiernos de turno.
La legisladora Silvia Paleo (PRO-JxC), autora del proyecto, argumentó: “Entendemos que lo que esta propuesta nos plantea es reforzar la institucionalidad, el respeto y la democracia para cuidar lo que es de todos y que no le pertenece a un gobierno de turno».
«Este proyecto sobre los canales digitales es un pedido de reconocimiento de un instrumento clave que tiene presencia en la estabilidad de las sociedades democráticas. Así como hay un protocolo para atender el traspaso de mando y los atributos del Estado, también debe existir un protocolo de traspaso adecuado de las herramientas de comunicación que garantizan el consenso, la integración y la conexión fundamental con los cordobeses”, acentuó.
«Para ningún cordobés y, por ende, para ningún gobierno puede dar lo mismo depender de la buena fe de un funcionario. El paso del vacío legal al establecimiento de una norma significa un paso más para vivir en esa Córdoba que queremos dejar como legado», completó.
Por su parte, Sara García, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, ámbito donde se dio tratamiento legislativo a la propuesta, indicó: “Este proyecto es realmente un avance institucional, particularmente por dos cuestiones: la adopción de políticas públicas bajo un paradigma de modernización, y la regulación de un sistema que garantiza el traspaso a la información pública y asegura su accesibilidad hacia el futuro”, afirmó.
En consonancia con las políticas de gobierno abierto que este Poder Legislativo promueve, la legisladora García remarcó: “La normativa cuya aprobación proponemos, sin duda pone a Córdoba a la vanguardia en esta materia. No existe regulación parecida, no sólo en nuestro país, sino tampoco en Latinoamérica, fundada en los principios de preservación, transparencia, custodia y responsabilidad de los datos gubernamentales. Seguimos una línea de continuidad en materia de modernización y gobierno abierto”.
El flamante marco normativo sobre el patrimonio digital de los cordobeses, invita a municipios y comunas de la provincia a adoptar los mismos criterios, a fin de salvaguardar la comunicación gubernamental.