Córdoba. Del proyecto, que ingresará a la Unicameral en las próximas horas, se destaca el permiso para que «la seguridad privada pueda utilizar armas no letales, al igual que los efectivos de prevención y convivencia», y la «aplicación obligatoria del narcotest» a todos los funcionarios públicos.
El flamante ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, confirmó este lunes que el Gobierno de Martín Llaryora presentará un proyecto de ley para reformar las políticas de seguridad de Córdoba.
La iniciativa ingresará este lunes a la Unicameral para la «reforma integral del sistema de seguridad». Según fuentes consultadas por Agenda 4P, en los próximos días, Quinteros irá al parlamento cordobés para reunirse con las autoridades de cámara y los jefes de los distintos bloques políticos.
En el marco de ese diálogo con oficialistas y opositores, el ministro expondrá los lineamientos centrales de la reforma a la ley de seguridad pública. El oficialismo tiene previsto su tratamiento y aprobación en la sesión del 20 de diciembre, que será el penúltimo plenario antes del receso legislativo.
El funcionario indicó a Cadena 3 que entre los principales puntos de la reforma se incluye que «la seguridad privada podrá utilizar armas no letales, al igual que los efectivos de prevención y convivencia» de la Policía Municipal a crearse próximamente.
Hasta el momento la Policía provincial utiliza esas armas de manera experimental.
Al asumir a su función en la mañana del domingo, LLaryora había anunciado un «proyecto de ley que contemple un plan integral de seguridad», con «aumento de los recursos para las fuerzas de seguridad y en especial para las fuerzas antinarcóticos», además de duplicar la cantidad de fiscalías antinarcótico en toda la provincia.
Entre otros puntos, el proyecto contempla la creación de las «guardias locales de prevención y convivencia», dependientes de los municipios y cuyos efectivos estarán capacitados y certificados para el uso de armas no letales y funcionarán como auxiliares activos de la policía de Córdoba.
También anunció que entre las reformas se prevé un «proceso de refuncionalización de la Policía de Córdoba y el Servicio Penitenciario».
Otro proyecto que anunció Llaryora tiene que ver con la «aplicación obligatoria del narcotest» a todos los funcionarios públicos provinciales, al sostener que «quien consume no puede asumir la responsabilidad a fondo que necesitamos todos para esta batalla».
