País. La reunión con los mandatarios provinciales en la Casa Rosada es impulsada desde el Ministerio del Interior. Cuáles fueron las medidas de ajuste que comenzaron a implementarse en todo el país. El caso de San Luis y el pago de salarios en cuotas.
Gobernadores de distintos signos políticos anunciaron un plan de recorte del gasto público al reconocer que existe «una emergencia económica» a nivel nacional y en cada uno de sus distritos, en sintonía con las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras el Gobierno nacional activó una convocatoria a los mandatarios provinciales para el próximo martes.
Con distintos enfoques y particularidades debido a la situación financiera de cada provincia, los gobernadores que anunciaron planes de control y reducción del gasto público fueron hasta hoy Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Claudio Poggi (San Luis), Martin Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
A nivel provincial, estas iniciativas fueron adoptadas por mandatarios peronistas, aliados en el frente Unión por la Patria (UxP), radicales y del PRO en el espacio de Juntos por el Cambio (JxC) y fuerzas provinciales.
En paralelo, en las oficinas del ministro del Interior, Guillermo Francos, comenzó a organizarse una convocatoria a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para congregarlos en una reunión el martes 19 en la Casa Rosada, que podría encabezar el presidente Javier Milei.
En la tarde de este viernes, Francos mantuvo un encuentro a través de la plataforma Zoom con los gobernadores para coordinar detalles del cónclave del martes.
Desde la provincia de Buenos Aires, conducida por Axel Killof (UxP), algunos de sus ministros advirtieron que «se mantiene en alerta» por las medidas económicas anunciadas por la administración Milei, que consta, entre otras cosas, de la limitación de los giros por fuera del sistema de distribución de recursos federales que establece la ley de Coparticipación.
Por su parte, el santiagueño Zamora declaró este viernes el estado de «emergencia económica» en la provincia y la aplicación de «medidas restrictivas y de control del gasto público» por los próximos seis meses.
Bajo otro signo político, el gobernador sanluiseño Poggi (Juntos por el Cambio) presentó este jueves el estado financiero de la provincia que dejó la gestión de Alberto Rodríguez Saá, que muestra un déficit de «más de 125 mil millones de pesos» y anunció una política de ajuste, que incluye que los sueldos de diciembre y enero de estatales se pagarán en dos cuotas.
Uno de los primeros en lanzar un ajuste fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (UxP), quien anunció un plan de reducción que ahorrará 219.000 millones de pesos a la Legislatura y una reestructuración del Ejecutivo, que incluyó la eliminación de 40 organismos gubernamentales y de la Unidad de Reconversión Laboral.
En tanto, el gobernador cordobés Martín Llaryora (PJ) modificó su organigrama inicial con 14 ministerios y algunas agencias sin cúpula que dependerán de las áreas ministeriales correspondientes. Además, anunció que se congelarán las vacantes en el Estado. Y habrá reducciones en los haberes del gobernador y vice y los funcionarios políticos.
En Santa Fe, el mandatario Maximiliano Pullaro (JxC), manifestó que en la provincia hay «13.000 empleados públicos más que los que había en 2019?, entre los que se cuentan «funcionarios políticos o familiares de políticos de primera y segunda línea del gobierno» del peronista Omar Perotti, su antecesor, por lo que se revisarán los decretos de esos nombramientos.
En Chaco, Leandro Zdero (JxC) suspendió las recategorizaciones aprobadas hace tres meses por su antecesor, el peronista Jorge Capitanich, mientras que en Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) anunció la derogación del régimen de jubilaciones de privilegio, la eliminación del alquiler de autos y camionetas para funcionarios, la reducción del 50 por ciento de los cargos de planta política en el Ejecutivo provincial y la revisión de los pases a planta del último año.
En Catamarca, el gobernador peronista Raúl Jalil, adelantó que en la segunda gestión que inició en la provincia se realizará una reducción de la planta política del Poder Ejecutivo local en un 20 por ciento, consignó Télam.
A su turno, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (JxC), firmó un decreto mediante el cual «se dan de baja las designaciones irregulares realizadas en el Ejecutivo provincial en los últimos seis meses y se revisarán las del último año».
También el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego (JxC) anuló los nombramientos recientes de empleados públicos y suspendió la renovación de contratos realizados por el gobierno anterior, medida que puede afectar a unas 6.000 personas, en tanto que una comisión evaluadora analizará «casos puntuales».
En la misma sintonía, el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio (Entre Ríos) ratificó que «no hay plata» en la provincia y confirmó reducción «a la mitad» los cargos políticos del organigrama provincial, porque «no significan una mejor calidad de vida ni mejores bienes y servicios públicos».
Por otro lado, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció la venta de vehículos, de una residencia oficial y la quita de más de 1.800 teléfonos a funcionarios del Ejecutivo, como parte de programa de «medidas urgentes» de reducción de gastos ante «la grave situación» que atraviesa la provincia patagónica.
El mandatario formuló estos anuncios en el salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial y aseguró que en los primeros días de su gestión se encontró con «mucha desorganización» en el Poder Ejecutivo y «falta de fondos».
Asimismo, aprovechó la ocasión para solicitar las renuncias de funcionarios de la administración de Alicia Kirchner que aun permanecen en sus cargos.
