País. Se espera que esta semana se complete la designación de los 16 integrantes de la Bicameral. El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 5 de enero para enviar el texto para su tratamiento legislativo.
Las autoridades del Congreso Nacional buscarán avanzar esta semana en la designación de los integrantes y la definición de las autoridades de la estratégica Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe tratar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei.
Si bien el Gobierno no incluyó el DNU en la convocatoria de sesiones extraordinarias, ese organismo parlamentario puede conformarse y tratar el DNU así como emitir dictamen, pero hay debate en torno a si lo puede tratar o no en el recinto de sesiones por no haber sido incluido en el llamado a este período, que se extenderá desde mañana hasta el 31 de enero.
En su artículo 6, la Ley 26.122 -por la cual en 2006 se estableció el trámite que deben seguir los DNU en el Congreso- establece que la Comisión Bicameral Permanente «cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación», con lo cual puede deliberar en cualquier momento.
Sin embargo, las interpretaciones varían en lo que respecta a si se puede tratar o no en el recinto de sesiones fuera del período ordinario, que va desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de cada año, con posibilidad de prórroga.
Sin embargo, hay un plazo que el Ejecutivo debe cumplir: el artículo 12 de la Ley 26.122 determina que, «dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa, lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente».
De esta forma, el presidente Javier Milei, tiene plazo hasta el 5 de enero próximo para enviar el DNU 70/2023 al Congreso, consignó Télam.
La normativa establece que mientras sigue el tratamiento parlamentario, un DNU tiene vigencia. Es que, de acuerdo con lo establecido por las normas, los decretos de necesidad y urgencia siguen activos en tanto las dos cámaras del Congreso no rechacen la norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba, quedará firme y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción ficta» o tácita.
De acuerdo con la Ley 26.122, la Comisión Bicameral Permanente está integrada por ocho diputados y ocho senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, avanzaron en los últimos días y se espera que esta semana oficialicen la designación de los 16 miembros que tendrán la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuya presidencia este año le tocará ejercer a la Cámara Alta, ya que su último titular fue el ex diputado Marcos Cleri (FDT).
En medio de las negociaciones, los legisladores del FDT siguen reclamando tener cuatro lugares y por eso proponen a María Teresa González, Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, aunque desde el oficialismo ya tienen definido le otorgarán tres representantes.
Si bien no fue oficializada la lista, la mayoría estará integrada por el oficialista de LLA Juan Carlos Pagotto, de La Rioja, a quien la Libertad Avanza propone como presidente de la bicameral.
También estarían en representación del Senado el radical chaqueño Víctor Zimmermann; el cordobés Luis Juez, del PRO; el macrista Juan Carlos Romero, de Salta, y el peronista correntino Carlos Espínola.
Por Diputados, en tanto, están nominados Oscar Zago, por La Libertad Avanza; Francisco Monti, de la UCR, Hernán Lombardi, del PRO; y Nicolás Massot, de Cambio Federal. Aún no está definido si Unión por la Patria se quedaría con 4 ó 3 sillas en la bicameral. Tampoco trascendieron los nombres.
Ante las diferentes posiciones a favor y en contra, el ala moderada del ex Juntos por el Cambio (en particular, la UCR) pidió que el Gobierno convierta ese DNU en varios proyectos de ley, debido a que se avanza sobre facultades propias del Parlamento, pero el oficialismo no acepta hasta ahora ese pedido ni tampoco dividir el decreto.
En este marco, se presenta la mayor dificultad para poder respaldar algunas de las propuestas contempladas en el mega DNU es que su tratamiento debe ser en conjunto y no se puede fragmentar, de acuerdo con lo establecido por la Ley 26.122.
Por eso motivo, la UCR está preparando un proyecto de ley tendiente a modificar el marco normativo que regula el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. Por su parte, la principal fuerza opositora, el bloque de UxP, rechaza el mega DNU de Milei.