País. A través de sendos pedidos de informes, la diputada nacional y la legisladora provincial demandaron información oficial en relación a las denuncias de irregularidades en dicho programa.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) demandó al Ejecutivo nacional un informe detallado en relación a las denuncias de irregularidades en la asignación y gestión de control de beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
“Los débiles mecanismos de control y prevención aplicados en la gestión de programas sociales por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social provocaron reiteradas denuncias, muchas de las cuales tomaron estado público y motivaron procesos judiciales que hoy se encuentran en trámite», destacó.
La radical aludió así a la investigación que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan, en la que se detectó a 160.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo que carecen de las condiciones para recibir los beneficios.
Recién comenzamos a ver la magnitud de las irregularidades de la gestión @alferdez.
— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) December 26, 2023
Ya son 10 las provincias que han confirmado que sus empleados cobraban ilícitamente el plan Potenciar Trabajo y Córdoba es una de ellas.
Junto con @ArielaSzpanin, Legisladora de Córdoba,… pic.twitter.com/djMDJ1GIcl
Carrizo solicitó que se informe si existe alguna comunicación oficial que surja de la investigación que al respecto instruye el fiscal Marijuan, y cuáles son los mecanismos de control y auditoria que utiliza el Ministerio de Capital Humano para asegurar el correcto otorgamiento y asignación de planes y programas sociales, y en particular sobre el Programa “Potenciar Trabajo”.
En la misma línea y argumentación, la legisladora provincial Ariela Szpanin (UCR) le pidió al Gobierno provincial que informe si ha detectado irregularidades o incompatibilidades respecto al otorgamiento y gestión de este programa nacional en la provincia y si existen sistemas informáticos entre organismos del estado nacional y las jurisdicciones provinciales, que permitan el entrecruzamiento de datos.
“El avance de esta causa a cargo del fiscal Marijuan ha permitido develar la existencia de una gran cantidad de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo que tienen la condición de ‘empleados públicos’ en distintas provincias a partir de informes requeridos por el fiscal a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», resaltó la diputada radical.
«Una gran cantidad de proyectos presentados sobre el tema ante esta Cámara no se han tratado, por eso creemos que es necesario conocer con detalle cómo las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano están abordando la situación”, concluyó Carrizo.
