El Gobierno irá a la Corte Suprema para defender el mega DNU

País. Así lo adelantó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien además aseguró que la administración pedirá «la incompetencia» de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, confirmó este jueves que el Gobierno nacional apelará, mediante un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en contra de las reformas laborales incluidas en el mega DNU rubricado días atrás por el presidente Javier Milei.

En la habitual rueda de prensa en Casa Rosada, el funcionario dijo que el Gobierno también pedirá «la incompetencia» de la Cámara del Trabajo para intervenir en la cuestión por entender que el fuero correspondiente es el Contencioso Administrativo.

«El fallo se apelará. Habrá un recurso extraordinario ante la Corte y, además, se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia«, comunicó Adorni.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó este miércoles una medida cautelar que suspendió la aplicación del capítulo laboral del mega DNU firmado por el presidente el 20 de diciembre pasado y hecho público por medio de un mensaje emitido en cadena nacional ese día por la noche.

El tribunal de feria hizo lugar un pedido realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.

«La verdad es que nos cuesta comprender algunas cuestiones que van en contra de la libertad de los propios trabajadores», consideró Adorni, y mencionó entre otros aspectos incluidos en el DNU la «retención forzosa de los aportes de los trabajadores a los sindicatos», la eliminación de «penalidades para el empleador en el caso de relaciones laborales mal registradas» y la extensión del período de prueba de tres a ocho meses, «fomentando la creación de puestos de trabajo».

«También establecía infracciones en relación a los trabajadores que, siendo convocados a asambleas, sean extorsionados o directamente no quieran participar. Los extorsionadores iban a tener sanciones graves«, estimó el portavoz presidencial.

Adorni, sin embargo, dijo que el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo era algo que el Gobierno «esperaba».