País. En el plenario de Diputados, la ministra de Seguridad reconoció que el artículo 331 generaba «confusión». «Dénlo por retirado», confirmó.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó hoy en la Cámara de Diputados que el Gobierno decidió retirar de la Ley Ómnibus la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
“Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos”, explicó la funcionaria sobre el polémico artículo 331 que para la oposición representaba un grave peligro que lesionaba el legítimo y constitucional derecho a la protesta», dijo al comienzo de su alocución.
“Al haberse generado una confusión pensamos que es mejorar retirarlo. Dénlo por retirado”, dijo la funcionaria, que aclaró que se trataba de un asunto ya regulado por la Ley de Tránsito.
“Al haberse interpretado de otra manera, mejor retirarlo directamente”, insistió Bullrich al participar de la segunda jornada del plenario de comisiones en la Cámara Baja donde se trata la Ley Ómnibus.
A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.
Según estaba estipulado en el megaproyecto de ley, estas reuniones o manifestaciones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.
Legítima defensa
La ministra detalló que a través de la ley ómnibus el Gobierno propone un cambio en el concepto de legítima defensa, en línea con otros países latinoamericanos.
Según explicó, la idea es que la proporcionalidad de la respuesta debe ser interpretada siempre en “favor de la gente que va a impedir un delito, que va a impedir la muerte de una persona, el ataque hacia él o hacia un tercero”.
Al respecto, destacó que se apunta dotar de mayor tranquilidad y protección a los agentes de fuerzas de seguridad, para que no sienta que por hacer su trabajo pueden «quedar presos de por vida».
Manifestaciones
Por otro lado, Bullrich ratificó la vigencia del protocolo antipiquete y la aplicación de toda la fuerza de la ley contra los organizadores de concentraciones que implican cortes de tránsito.
“El objetivo es que no se corte nunca más las calles y que se pueda vivir en paz y tranquilidad”, sintetizó.
A su vez, Bullrich reafirmó la autoridad de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones sociales. “A los agentes de fuerzas de seguridad no les pueden pegar y el que les pegue tiene consecuencias”, remató.
Sin embargo, tomó distancia del gatillo fácil y lo calificó como «un delito, como es un delito el que comete un delincuente”.
Por ser chorro
La ministra de Seguridad defendió los cambios propuestos en la Ley Ómnibus que apuntan a impedir que los delincuentes accionen judicialmente contra el Estado.
“El que viola la ley, se enfrenta con la fuerza de seguridad y provoca un daño, puede presentarse y pedir resarcimiento. ¿Resarcimiento por qué? ¿Por ser chorro?», se preguntó la excandidata presidencial de forma retórica, dejando picando la respuesta.
«No hay resarcimiento por ser chorro. Hay consecuencias por se ladrón o criminal”, aseveró la ministra y acentuó: “Hemos planteado un cambio para que en este caso el delincuente no pueda terminar siendo querellante en el proceso”.
