País. La central obrera respondió así la decisión de intimar a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar multas de $56 millones y $40 millones por los gastos del operativo de seguridad de las protestas del 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales.
La CGT repudió este jueves la intimación que hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación a varios gremios que la integran para que abonen una millonaria suma por el costo del operativo durante la marcha que la central hizo el 27 de diciembre, y advirtió: «El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado».
«Es una nueva provocación del Poder Ejecutivo en sus intentos de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», cuestionó la entidad de la calle Azopardo en un comunicado.
En su rechazo a la «nueva provocación» del Gobierno de Milei, la central obrera resaltó: «Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado».
Por último, la CGT aseguró en el texto que no representa «los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga«.
No existe condicionamiento posible para que lxs trabajadorxs se expresen en democracia, comparto el comunicado de la #CGT pic.twitter.com/7OZM2WkR6k
— Héctor Daer (@hectordaer) January 11, 2024
Por su parte, la CTA Autónoma también rechazó el intento de cobro del operativo de seguridad por las cifras de $56.760.282 y $40.419.227 al haber participado de las movilizaciones realizadas los días 22 y 27 de diciembre, respectivamente.
«Estas penas (supuestos “pagos solidarios”), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta», se quejó la central que lidera Hugo «Cachorro» Godoy.
? La CTA denuncia persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora. pic.twitter.com/XQY0Nu6iiS
— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) January 11, 2024
