País. Es a raíz del planteo hecho por la exsecretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, quien cuestionó la «validez» del decreto del Gobierno libertario.
El secretario general de la CTA y diputado nacional (UXP), Hugo Yasky, dijo este jueves que está en «estudio» un eventual pedido de nulidad del DNU de desregulación de la economía del presidente Javier Milei si se comprueba que pudo haber sido elaborado por estudios de abogados privados y no por funcionarios del gabinete.
«Estamos estudiando eso», respondió esta mañana el dirigente sindical, en declaraciones a El Destape Radio, cuando le consultaron sobre si la central gremial presentará alguna nueva acción judicial al respecto.
Yasky se refirió así al planteo hecho este miércoles por la exsecretaria Legal y Técnica (SLYT) Vilma Ibarra, quien cuestionó la «validez» del decreto por haberse dictado, dijo, «sin informes técnicos» de los ministerios, tras lo que consideró que si «se comprueba que no lo trabajaron funcionarios sino abogados de estudios privados, es una grave causal de nulidad».
1. En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos. ¿Quiénes lo redactaron? La respuesta es central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo.
— Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) January 17, 2024
Yasky sostuvo que de comprobarse lo que advirtió Ibarra sería «alarmante» porque, sostuvo, «les estamos entregando a los dueños del país -con el DNU y también sumó la ley Bases- la definición de las leyes que van a reemplazar por lo menos las últimas cuatro décadas de consenso democrático».
«Todo esto demuestra que las grandes empresas, en definitiva, son vándalos que solo quieren adueñarse de los recursos y de las riquezas del país así como también de lo poco que la gente tiene en el bolillo Lo quieren hacer a través de estas leyes que dicen que al país lo van a gobernar ellos», sumó el gremialista y legislador de UxP.
Ibarra sostuvo que «en el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos», y consideró que saber quiénes lo redactaron es «central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo».