País. Se corrió para mediados de semana para darle tiempo a cerrar las negociaciones del Gobierno con los bloques dialoguistas. Siguen los tires y aflojes en los puntos de privatizaciones y la delegación (limitada) de facultades.
Diputados sesionará el miércoles para discutir la Ley de Bases que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei. Será una sesión maratónica de 40 horas, la más larga de los últimos tiempos.
La convocatoria oficial para el miércoles a las 10 se notificó en el medio de frenéticas negociaciones en las que participaran los líderes de los bloques de la oposición dialoguista: Rodrigo de Loredo (UCR), Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Cristian Ritondo (PRO).
De las conversaciones en el Palacio Legislativo participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
También circulaba por las oficinas el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, una pieza clave en la construcción de los consensos para el oficialismo. Y más tarde se sumaron Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, respectivamente.
El anuncio del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, de que el Gobierno aceptaba retirar el paquete fiscal para allanar los acuerdos, destrabó la sesión, aunque se sigue trabajando en la letra chica.
La idea original del Gobierno era sesionar el martes, pero los bloques de la oposición moderada le plantearon que no habían tenido tiempo suficiente de procesar la última versión acotada del dictamen de mayoría con la quita de 139 artículos.
Lo cierto es que más allá de que se achicaron las diferencias, persisten algunos desacuerdos, especialmente en materia de delegación de facultades y privatizaciones.
En este sentido, se corrió la fecha un día y se apunta a celebrar la reunión de Labor Parlamentaria este lunes para acordar el funcionamiento de la sesión, cuya longitud inédita calculada en 40 horas requiere de una organización muy meticulosa, consignó NA.
Las primeras cuatro horas de debate estarían dedicadas a discutir la validez del plenario, ya que hay impugnaciones por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda que apuntan a las irregularidades en la firma del dictamen de mayoría: en primer lugar porque se estamparon las rúbricas en una hoja en blanco y, luego, el despacho fue reformado con posterioridad.
Mientras tanto, siguen negociando las partes del proyecto. Por caso, Hacemos Coalición Federal pide seguir reduciendo la cantidad de emergencias, que de punta a punta pasaron de 11 a 7 (el Ejecutivo quitó las emergencias en materia previsional, fiscal, de defensa y salud). El bloque que comanda Pichetto exige quitar también las facultades delegadas en materia tarifaria, energética y de seguridad.
Otro tema donde todavía falta pulir acuerdos es en materia de privatizaciones. La UCR y Hacemos Coalición Federal están intentando unificar criterios en este sentido, ya que parten de premisas diferentes. Mientras que el bloque liderado por De Loredo propone tratar cada caso por separado con el envío de una ley al Congreso, la bancada de Pichetto busca que las propuestas de privatización sean enviadas a una comisión bicameral ad-hoc para dictaminar y que luego se vote en el recinto.
Hay cambios que ya fueron consensuados y que los bloques de la oposición recibieron con beneplácito. La maniobra principal fue el retiro del capítulo fiscal (retenciones, jubilaciones, blanqueo, moratoria, Bienes Personales), que es la que allanó la convocatoria a la sesión del miércoles.
También se dio marcha atrás con la eliminación del subsidio por zona fría para usuarios residenciales de gas, y se barrió el artículo que habilitaba la «disolución» de empresas públicas, universidades nacionales y organismos autárquicos como el INTA y el Conicet.
En tanto, la última versión del proyecto de Bases permite liquidar la deuda pública consolidada en poder de la ANSES, aunque elimina la autorización para vender los activos de la cartera del FGS.
También se suprimió la parte que rezaba que «los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social”.
El pedido de sesión especial, luego oficializado por la convocatoria formalizada por presidencia de Diputados, fue realizado por los diputados de La Libertad Avanza Oscar Zago, Lorena Villaverde, Lisandro Almirón, Cecilia Ibáñez, Gabriel Bornoroni, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine, Nicolás Emma, Juliana Santillán, Nicolás Mayoraz y César Trefinger.
