País. El freno de la obra pública y la incertidumbre económica pone en riesgo 1.400 empresas y 200.000 empleos.
El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) declaró el Estado de Emergencia en todo el país y advirtió por el futuro de 1.400 empresas y 200.000 empleos que están en riesgo.
La reunión de la entidad empresaria se desarrolló en el mediodía de este jueves en la sede de CAMARCO y los participantes alertaron sobre la «excepcional gravedad de la situación de la actividad de la construcción”.
Dicha situación motivó la declaración de la emergencia nacional para el sector, que reclamó a las autoridades nacionales y provinciales una solución en brevísimo plazo a los problemas planteados.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el presidente de la Cámara, Gustavo Weiss, se mostró sorprendido por lo “novedoso” de la situación sobre el freno a la obra pública. “Debemos alertar al Gobierno sobre la inminencia del colapso del sector”, señaló.
Al ser consultado, Weiss señaló que aún no fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, y agregó que “hay un sinnúmero de temas que queremos abordar con ellos para tratar de solucionar aunque sea parcialmente los problemas, pero no vemos una reacción rápida del Gobierno”.
En un comunicado, el núcleo empresario instó a las “autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector”, ya que, consideraron, se trata de la única alternativa para “impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”.
Los consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal, y remarcaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general.
“No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses”, describieron los participantes en el pronunciamiento.
“En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”, detallaron de forma determinante desde CAMARCO.
El freno de la obra pública desde diciembre impactó de lleno en la actividad generando una bomba económica al romper la cadena de pagos, en una situación de inflación creciente, reajuste paritario y aumento de costos. Se estima que hay más de 3.500 obras paradas a lo largo y ancho del país.
Asimismo, aseguraron que el mayor problema no se limita solamente al pago de la deuda atrasada -que supera los US$300 millones-, sino que también “resulta necesario saber cuál es la perspectiva para el futuro, porque en la empresa necesitan seguir trabajando”.
“La obra pública tiene que existir. El mensaje del presidente es que se podrán hacer obras de infraestructura con fondos privados, lo cual creemos que es central y fundamental para el desarrollo del país. Pero la realidad es que en el mundo desarrollado, donde hay seguridad jurídica, tarifas altas, mercado de capitales, no es más del 15%, de la inversión total«, se advirtió desde la entidad empresaria.
