Córdoba. El nuevo dispositivo busca facilitar la defensa y el acceso a la justicia de adolescentes privados de la libertad.
Con la firma de un convenio de cooperación, el Poder Judicial y el Ministerio de Desarrollo Humano pusieron en marcha la Unidad de la Defensa Pública en el Complejo Esperanza, el centro socioeducativo que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) ubicado en una zona rural en el extremo sur de la capital cordobesa.
El acuerdo se celebró en una de las aulas educativas del Complejo Esperanza, donde actualmente se encuentran alojados 122 chicos y chicas de Capital y del interior, quienes en su mayoría afrontan el trámite de sus causas penales con la asistencia de defensores públicos.
La firma del convenio estuvo a cargo del titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Angulo y la vocal María Marta Cáceres, y la ministra Liliana Montero y la secretaria de la SeNAF, Julia Reartes.
El titular del TSJ describió a la Unidad Pública de la Defensa como “una herramienta tendiente a garantizar el derecho humano fundamental de acceso a la justicia, pero no sólo en lo referido a la actividad tribunalicia, sino también ampliada una orientación eficiente sobre otros derechos humanos fundamentales, como lo son la salud, la educación o la identidad”, y destacó que el convenio “es fruto de una decisión compartida, tomada en conjunto y articuladamente por dos poderes del Estado”.
La ministra Montero también resaltó el trabajo interinstitucional como una de las claves del nuevo Ministerio de Desarrollo Humano y del gobierno de Martín Llaryora, que tomó la decisión de abordar la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley penal de manera integral y en toda su complejidad.
En ese marco, ubicó la apertura del dispositivo y de otras políticas públicas que se ya se están implementando. «Tenemos dos opciones: o seguimos mirando la punta del iceberg, o abordamos el iceberg completo”, graficó.
“Hemos trabajado en un corto tiempo para hacer realidad esta Unidad Pública de la Defensa, y esta es una muestra de que cuando hay decisión, cuando hay voluntad y cuando hay compromiso en la gestión podemos lograr esta articulación interestatal”, apuntó a su turno Reartes.
Luego del acto, las autoridades junto con Antonio Franco, subsecretario de Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y encargado del Complejo Esperanza, recorrieron el establecimiento y dialogaron con equipos técnicos y con jóvenes y adolescentes.
Cabe recordar que apenas asumió, en su primera jornada de trabajo, Montero visitó junto con su equipo el Complejo Esperanza, para interiorizarse de primera mano de las rutinas, necesidades, condiciones y pautas de convivencia que rigen la vida del centro socioeducativo.
La apertura de la Unidad de la Defensa se enmarca en las obligaciones que emanan de tratados internacionales, nacionales y de la ley provincial 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).
