País. El fuerte reclamo al Gobierno libertario apunta a que no desregule el Nomenclador de prestaciones para personas con discapacidad.
Representantes de instituciones que prestan servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, transportistas y familiares de personas con discapacidad realizaron una protesta frente a la Quinta de Olivos para reclamar al Gobierno de Javier Milei que no avance con una propuesta para reformar el sistema que rige al área, ya que consideran que traería graves consecuencias para el sector.
A través de la manifestación en Olivos, que congregó a más de 10 mil personas, y sus réplicas en otros puntos del país, se demandó «frenar el decreto que pretende destruir el Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad».
En Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucuman, Salta, Chaco y más puntos del país, miles de personas se movilizaron unidos en un solo reclamo: «Basta de ajustes en discapacidad».
En la protesta de Olivos participaron representantes de instituciones que prestan servicios educativos, terapéuticos y de rehabilitación, transportistas, hogares y centros de día; también personas con discapacidad, profesionales, familiares, medios de comunicación y la comunidad en general.
Desde las organizaciones que reclaman se dijo que «hoy, las personas con discapacidad, acceden a los mismos servicios independientemente de la cobertura de salud que posean. Estas prestaciones están contempladas en la Ley 24.901 y tienen una cobertura total«.
El decreto avanza y ya está con dictamen firmado el 24/05/2024 por la Secretaría de Legal y Técnica. Ahora solo resta la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el presidente Javier Milei.
Se busca frenar esta medida debido a que la iniciativa gubernamental plantea que «ya no habrá un nomenclador único, sino que pasaría a haber aranceles de PAMI, Incluir Salud y otros de la Superintendencia de Servicios de Salud», afirman en su denuncia.
Los manifestantes del sector afectado aseguraron que «esto significa un retroceso en los derechos adquiridos del colectivo de discapacidad. Antes de la Ley 24.901, las instituciones no podían cubrir sus costos con las obras sociales, de aprobarse esta medida, el sector en su conjunto teme que vuelva a suceder».
El coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Adrían Molero, entregó en la Residencia de Olivos una carta al Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, solicitando que desestime el decreto.
Las prestaciones a las que acceden 200.000 personas con discapacidad y más de 150.000 puestos de trabajo están en riesgo.
