Córdoba. La norma indica que los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
El gobernador Martín Llaryora asistió al hospital San Roque para someterse al análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.
El estudio que se realizó Llaryora es en cumplimiento de la ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
El test, que puede concretarse en establecimientos públicos y privados, es obligatorio para “las personas que desempeñen funciones por elección popular, ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados.
La norma indica que los funcionarios deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest.
En caso de incumplimiento del artículo 66, que exige el certificado negativo expedido por la institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como Narcotest, la ley prevé la aplicación del procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.
En tanto que la reglamentación añade que se comunicará dicha circunstancia a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.
