Córdoba. Desde al arco opositor advierten que profesionales, expertos, referentes sociales de distintas religiones, y organizaciones de la sociedad civil, se han expresado categóricamente sobre sus efectos adversos.
Ante la creciente problemática y «la poca regulación por parte del gobierno provincial», los bloques Frente Cívico y Unión Cívica Radical impulsan, a través de sendos proyectos de ley, la derogación de la ley 10.793 sobre juego online.
Cabe recordar que dicha norma se aprobó, con duros cruces y en medio de la polémica, en diciembre del año 2021 con los votos del oficialismo acompañados por la bancada PRO-JxC, cuyos legisladores que «habían sido electos por partidos de la oposición (por el período 2019 – 2023), pero que en la actualidad, todos se desempeñan como funcionarios oficialistas», cuestionó el juecismo.
En su dura crítica, el Frente Cívico advirtió que «casi tres años después de la aprobación de la ley, y 8 meses después de la puesta en marcha de la habilitación de las plataformas que resultaron adjudicatarias de este negocio millonario, es notorio el desastre que la aprobación de esta ley ha ocasionado», al poner el foco de atención en los efectos sobre los adolescentes y los jóvenes.
«Esta ley, como sus reglamentaciones, si bien tuvieron un objeto de regulación de la actividad del juego en línea en sus distintas modalidades para eliminar la clandestinidad, no caben dudas de que los fines recaudatorios tuvieron supremacía por sobre lo que establece la norma en su artículo 4, y que es la protección a niños, niñas y/o adolescentes», fundamentó el bloque opositor.
Profesionales, expertos, referentes sociales de distintas religiones, y organizaciones de la sociedad civil, ya se han pronunciado sobre los efectos adversos y de la falta o desprotección de los niños, adolescentes y jóvenes que acceden a las apuestas, o de lo que se encuentran expuestos ante el flagelo social de la ludopatía.
En esta línea se enmarca el comunicado denominado “Apostar no es un juego”, emitido por los equipos de la Pastoral Social de más de 40 jurisdicciones, donde llaman la atención sobre lo que consideran un flagelo social creciente y proponen “impedir el acceso de menores de edad a estos sitios”.
El cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, se expresó en igual sentido. Al respecto, en declaraciones a Cadena 3, sostuvo que “el juego es gravísimo, clandestino, oficial, se ha multiplicado la fuente, se ha oficializado».
Ante este cuadro de situación, el legislador Walter Nostrala manifestó que «la norma vigente y que se pretende derogar a través del presente proyecto de ley, más allá de pretender regular, es involutiva y perjudicial para las personas».
«Resulta imposible no interpretar los testimonios de profesionales y referentes sociales al respecto, además del sufrimiento de cientos de familias a lo largo y ancho de la Provincia, y este flagelo requiere soluciones inmediatas por parte del Gobierno que no se pueden postergar», aseveró el opositor en sus fundamentos.
Avanzada radical
A su vez, desde el bloque de legisladores de la UCR también demandaron la derogación de la ley 10.793 sobre juego online.
Al apuntar contra el Gobierno provincial, el jefe de la bancada radical, Matías Gvozdenovich, advirtió que en el marco de su representación parlamentaria han intentado, a través de distintos proyectos, «regular la actividad y, sobre todo, atender a la creciente problemática que surge de las apuestas de niños y adolescentes que, desde temprana edad, acceden a los dispositivos móviles de los adultos generando una adicción cercana a la ludopatía».
«Hay millones de intereses sobre la mesa, valga el juego de palabras, pero la inacción del Gobierno provincial nos obliga a la presentación de esta iniciativa», afirmó el radical.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 21 de la ley 10,793, todo lo generado por el juego online está destinado a programas sociales. «Desde nuestra bancada, nos comprometemos a aportar ideas y soluciones para que, la provincia, pueda seguir destinando esos fondos a los que más lo necesitan», expresó el titular del brazo parlamentario de la UCR.
