País. En este marco, la diputada Carrizo impulsa la aprobación de la ley que regula el trámite de las solicitudes de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes.
La diputada nacional por Córdoba Soledad Carrizo, junto a otros diputados nacionales, impulsa la sanción de la ley que tiene como objeto el asegurar la pronta restitución de menores que indebidamente se encuentren fuera del Estado de su residencia habitual, y en el territorio de otro Estado, sin que implique una decisión final sobre el fondo.
La Argentina “tiene aprobados dos convenios internacionales para los casos de traslados o de retención ilícita internacional, que establecen procedimientos y pautas generales para asegurar su restitución al estado de residencia habitual. Desde el año 2000 que nuestro país está en falta al no tener una ley propia que adopte internamente el procedimiento judicial para tramitar estos procesos de restitución internacional de menores”, expresó la legisladora radical.
Este proyecto, resulta de un proceso de recuperación, revisión y modificación de algunos aspectos del proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en el año 2018 al Congreso de la Nación, y que tuvo media sanción en el Senado durante el año 2019, y fue remitido para su revisión a la Cámara de Diputados. A pesar de las solicitudes de tratamiento, la media sanción no fue tratada, y el proyecto perdió estado legislativo en el año 2021, no volviendo a tratarse desde entonces.
“La falta de tratamiento y sanción de aquel proyecto ha puesto a nuestro país en una situación de responsabilidad internacional por incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, y especialmente de la «Convención sobre los Derechos del Niño», resaltó Carrizo.
“Con el objetivo de retomar el tratamiento de este tema, que ya ha tenido la aprobación unánime en el Senado durante el año 2019, presentamos este proyecto, reproduciendo el texto que tuvo media sanción, pero con algunos agregados y modificaciones que surgen de un exhaustivo trabajo de relevamiento, y análisis de leyes provinciales actualmente vigentes«, dijo la diputada.
Al respecto, ahondó: «El proyecto presentado ahora reproduce la media sanción del año 2019, pero incorpora muchas modificaciones y cambios en redacción que fueron acordados en varias reuniones y revisiones que tuvimos con la jueza Dra. Graciela Tagle de Ferreyra, Jueza de Enlace de la Red Internacional de La Haya en materia de cooperación, y 3 juezas de familia de Córdoba que tienen competencia para la restitución de menores”.
La iniciativa alcanza casos de niños, niñas y adolescentes que salieron de un país en forma ilícita, y también de aquellos que, habiendo salido lícitamente, no retornan al país de su residencia habitual en los plazos estipulados, configurándose así la condición de ilicitud de su retención, frente a lo cual se llevan adelante los trámites y procesos necesarios para garantizar el respeto y efectivo ejercicio del derecho de contacto o visitas en relación a un niño, niña o adolescente con residencia habitual en la jurisdicción argentina.
El procedimiento que se establece en este proyecto es de aplicación en todo el territorio de la Nación y a todas las solicitudes que tramiten en virtud de las convenciones mencionadas, ya sea que su presentación se realice de manera directa, a través de autoridades centrales, por la vía diplomática o consular, o por exhorto.
Argentina tiene la obligación de garantizar los derechos de NNyA, y de reglamentar los compromisos asumidos por estos convenios, sancionando una ley que no solo permita atender a nivel nacional esta problemática, sino que promueva su adhesión para todas las provincias.
“El proyecto que aquí se presenta toma y reproduce los términos de la media sanción del año 2019, incorporando algunos cambios tales como, la incorporación de una sistemática o metodología de organización legislativa en capítulos, la incorporación expresa del derecho de NNyA a ser escuchados y tramitar estos procesos de forma segura. La incorporación de los principios procesales de la inmediatez y la oralidad, la incorporación de los regímenes comunicacionales como objetivo de estos procesos y la posibilidad de las partes de ofrecer peritos de control como medios de prueba”, concluyó Carrizo.
