Entre Ríos. Desde la administración provincial se subrayó la necesidad de un marco jurídico para mitigar los conflictos sociales, ambientales y políticos en el territorio.
La Secretaría de Planificación e Inversión Pública de Entre Ríos, llevó adelante el segundo taller sobre el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial Provincial. Estuvieron presentes múltiples actores, tanto técnicos como funcionarios, de los distintos organismos gubernamentales y de ambas cámaras legislativas.
«Estamos trabajando para remarcar la importancia que tienen las cuestiones socio-territoriales, jurisdiccionales y ambientales que suceden en el territorio», señaló la secretaria de Planeamiento y Arquitectura, Lelia Recalde.
Mientras en el primer encuentro se trabajaron problemáticas vinculadas a la biodiversidad, el suelo, el relieve, la hidrografía, el subsuelo y el clima; el segundo se centró en los tipos de asentamientos, las infraestructuras y su distribución, los equipamientos, la accesibilidad, las actividades productivas y las normativas, las incumbencias funcionales y administrativas que se dan en la provincia.
Al respecto, Recalde subrayó la necesidad de un marco jurídico para mitigar los conflictos sociales, ambientales y políticos en el territorio, como la colisión entre actividades de vivienda y suelo productivo, los loteos en áreas rurales y las edificaciones en zonas inundables.
A su momento, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, expresó su apoyo a la iniciativa. Destacó la importancia de legislar para proteger las inversiones públicas y privadas, atender a las acciones descoordinadas en el territorio y defender así los derechos de todos los ciudadanos.
Las diferentes áreas del Estado provincial, en un trabajo integrador y colaborativo analizaron casos testigos que reflejaban problemáticas de diversas localidades. La consigna fue trabajar en soluciones posibles a partir de las normativas actuales y de las nuevas que se generarán a partir de la ley.
Finalmente, Recalde planteó los próximos pasos, que implicarán el ajuste del proyecto de ley con los aportes de todos los participantes.
